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‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’

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La Suprema Corte resolvió ayer que Grupo Salinas deberá pagar sus adeudos fiscales que sumaban 47 mil 407 millones de pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones
Ciudad de México.-
Los abonos “chiquitos” también le llegaron al empresario Ricardo Salinas Pliego.

La Suprema Corte resolvió ayer que Grupo Salinas deberá pagar sus adeudos fiscales que -hasta septiembre pasado- sumaban 47 mil 407 millones de pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones, según estimó la Procuraduría Fiscal de la Federación.

En las próximas horas el SAT deberá emitir la resolución definitiva de cobro a TV Azteca y Grupo Elektra.
El empresario rechazó en un comunicado pagar los adeudos arguyendo que desconoce cuánto debe pagar, aunque el SAT estableció que suman casi 50 mil millones de pesos derivados de multas y recargos de casos que tienen hasta 17 años en litigio.
Con la sentencia firme por parte de la Corte, las autoridades fiscales podrán exigir el pago inmediato, indicaron fuentes oficiales.

Explicaron además que si la empresa se niega a realizar el pago, tomará los bienes y activos que se entregaron en garantía, como cartas de crédito, edificios, oficinas y activos de la empresa, y si no fueran suficientes para cubrir la deuda, se podrá solicitar a un juez el embargo inmediato de propiedades o incluso el congelamiento de cuentas.
En 2024, Elektra reportó ingresos totales por 201 mil millones de pesos, y tuvo una pérdida neta de 11 mil 656 millones de pesos.

Al cierre de septiembre de 2025, la empresa tenía una bolsa de 42 mil 822 millones de pesos disponibles en efectivo.
Los adeudos de Grupo Salinas iniciaron desde hace 17 años, cuando Elektra declaró supuestas pérdidas al vender acciones, pero en realidad movió recursos entre las empresas del mismo grupo para aparentar pérdidas, según ha denunciado la Procuraduría Fiscal.
El Código Fiscal de la Federación permite a los deudores acordar con el SAT el pago hasta en 36 parcialidades mensuales, pero con varias condiciones, entre ellas, liquidar de inmediato un 20 por ciento del crédito, y seguir pagando recargos por la parte que se está difiriendo.
Este beneficio, en teoría, sólo podría ser para impuestos que debieron pagarse en los seis meses previos.
Reclama Salinas

Tras el fallo de la Corte, Grupo Salinas reprochó no haber recibido respuesta del SAT a su solicitud de cuantificar el monto de la deuda.
“Seguimos esperando la respuesta del SAT a nuestras solicitudes para que cuantifique el monto de nuestros créditos fiscales, con apego a derecho y a sus propias resoluciones, sin cobros dobles e ilegales”, dijo ayer en un comunicado, aunque el SAT ya había aclarado el monto de 47 mil 407 millones de pesos.
En octubre pasado, la empresa había ofrecido un acuerdo que incluía un pago inmediato de 7 mil 600 millones de pesos, apenas un 16 por ciento del total.
Grupo Salinas informó que acudirán a instancias internacionales.
También en su cuenta de X, Ricardo Salinas criticó que la resolución se dio precisamente ayer, en el cumpleaños 72 de AMLO. “En lugar de ponerse a gobernar y darle seguridad a los mexicanos, se ponen a romper todas las leyes para intentar hacer feliz a un pobre anciano corrupto que vive escondido de la gente y atormentado por darse cuenta de que todas sus ideas fueron y serán un fracaso. A mí no me van a doblar”, señaló Salinas.

Agencias

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SCJN reserva detalles sobre 151 vehículos de su propiedad

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Ciudad de México.- La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reservó por cinco años datos como modelo, costo y fecha de adquisición de 151 vehículos con los que cuenta, ya que informarlo “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares” del Poder Judicial.
Una solicitud hecha por El Universal en enero, luego de que se diera a conocer que la Corte adquirió nueve nuevas camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee para sus ministros, buscaba saber el total de vehículos en poder de la Corte, el modelo de cada uno, año y costo en que fueron adquiridos.
Pese a no solicitar detalles como a quién están asignados dichos vehículos ni el emplacado de cada uno, el Comité de Transparencia de la SCJN consideró como reservados dichos datos y sólo informó que el parque vehicular de la institución es de 151 vehículos en uso.
“El parque vehicular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consta de 151 vehículos que son asignados a sus diversas áreas y órganos. Además, existen otros (de características especiales) que se encuentran bajo resguardo de la DGSyFP, cuya información tiene carácter reservado, con fundamento en las fracciones I y V del artículo 112 de la Ley General de Transparencia.
“La información que daría cuenta de una parte de lo requerido (modelo y costo de los vehículos de cualidades especiales de seguridad) tiene carácter reservado, en términos de la fracción V del artículo 112 de la Ley General de Transparencia”, especifica la respuesta.
La Corte justificó la reserva de la información y argumentó que al clasificar los datos “se garantiza la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal, siendo este último un derecho de primera generación mismo que resulta de mayor relevancia”.
Reservan compradores de los últimos años
El Gran Diario de México también solicitó qué ministros han adquirido los vehículos asignados a su ponencia desde 1994 a la fecha, luego de que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, especificó que cuatro camionetas Grand Cherokee Limited se llevaron algunos de los ministros de la integración anterior del pleno.
El Comité de Transparencia de la Corte también decidió reservar la información, pese a que se han hecho públicos algunos nombres de ministros anteriores, como Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farjat. La razón para clasificar la información fue la misma: salvaguardar la seguridad de los exministros.
Respecto a la información de 1994 a 2015, la Corte afirmó que ya no cuenta con ella, y de la correspondiente a 2016 hasta 2025 aseguró que no podría pronunciarse sobre la asignación de vehículos “debido a que la sola manifestación al respecto interferiría con la estrategia de seguridad integral dispuesta por la Dirección General de Seguridad y Facilitadores del Pueblo, y es información que se encuentra clasificada como reservada conforme lo señala el expediente CT- CUM/A-25-2023”.
“Debe tomarse en cuenta que los protocolos adoptados DGSyFP dependen de la eficacia de las estrategias que implementa para el traslado seguro de las personas servidoras públicas y, en las cuales se encuentra todo lo referente a los vehículos utilizados, por lo que divulgar esta información vulneraría a gran medida las capacidades de reacción ante situaciones de riesgo”.
El Comité de Transparencia también tomó a consideración que dar cualquier dato sobre dichas camionetas “permitiría inferir patrones operativos, esquemas de protección, nivel de exposición al riesgo o medidas diferenciadas de seguridad implementadas para las personas servidoras públicas que desempeñaban o desempeñan funciones de alta responsabilidad constitucional”.
Reservan información que ya es pública
Sobre las nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee adquiridas en enero, el Comité de Transparencia de la Corte también clasificó la información sobre sus costos de adquisición, pese a que es información pública que tuvieron un costo de entre uno y 4 millones de pesos.
En conferencia de prensa posterior a darse a conocer la noticia de la compra, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que el fin de comprarlas fue “que la flotilla anterior no cumplía con los estándares de seguridad necesarios”, pero que serían devueltas.
Camionetas de la vergüenza
El 22 de enero, la Corte admitió que había renovado la flotilla vehicular con la compra de nueve camionetas blindadas a fin de garantizar la seguridad.
Las camionetas contaban con blindaje y costaron de 2.4 millones de pesos cada una.
El 25 de enero, tras las críticas, los ministros informaron que no iban a utilizar las camionetas y solicitaron iniciar el proceso para su devolución.

El Universal

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Corte elimina de Issste criterio sobre concubinato

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Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el requisito de vivir cinco años en pareja para tener derecho a una pensión y a servicios de salud por concubinato, establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Con este fallo, el pleno modificó el criterio aprobado hace 10 años por la anterior integración de la Corte al considerar que se está ante una nueva realidad y nuevos modelos de familia.
La resolución aprobada ayer por seis votos contra dos derivó del caso de un hombre que solicitó al ISSSTE la pensión por concubinato, con motivo del fallecimiento de su pareja.
Al respecto, el pleno aprobó el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, quien dijo que el cambio de criterio va a reforzar y proteger a las personas que viven en concubinato.
En contraste, la ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió que eliminar el requisito de convivencia mínima de cinco años para acreditar el concubinato generaría un riesgo presupuestal para el sistema de pensiones del ISSSTE.
Lo anterior, porque afirmó “que cualquier persona podría reclamar dicho carácter sin exigencias temporales objetivas, en tanto todos somos potencialmente concubinos de otros”.

Agencias

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Empleados dan lustradita de zapatos a Hugo Aguilar

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El hecho ocurrió previo a su ingreso al Teatro de la República por la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917

Ciudad de México.- En una polémica más, colaboradores del presidente de la Corte, el Ministro Hugo Aguilar, fueron captados agachándose y limpiándole los zapatos.

El hecho ocurrió previo a su ingreso al Teatro de la República por la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917.
PublicidadTras las críticas, Aguilar indicó que el suceso fue sacado de contexto pues, explicó, su compañera intentó limpiar sus zapatos tras salpicarlos con café y que le pidió detenerse.

Ante esto, ofreció una disculpa a través de su cuenta de X.
“Un incidente esta mañana se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad”, afirmó el Ministro.
“A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde. A Amanda Pérez, agradezco su gesto. En cuanto me percaté le pedí que no continuara. Aún así, le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto.
El Ministro aseguró que este hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ni la forma en que conduce su desempeño público y privado.
“No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona”, zanjó.
Esto se suma a las polémicas de la nueva Corte luego que se dio a conocer que los Ministros usarían camionetas blindadas con un valor de 3.5 millones de pesos cada una.
Ante los cuestionamientos, incluida la petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum para aclarar la adquisición, los integrantes de la Corte rechazaron usar las unidades y en su lugar serán destinados a jueces que enfrenten situaciones de riesgo.
En su discurso de esta mañana, Aguilar negó que la reforma judicial implique incertidumbre o retrocesos y sostuvo que el nuevo Poder Judicial tendrá mayor legitimidad social.
Ante los representantes de los Poderes de la Unión y Sheinbaum, el Ministro afirmó que la modificación fortalece la democracia, confía en la soberanía del pueblo y acerca la justicia a la ciudadanía.
“El nuevo Poder Judicial no implica incertidumbres ni retrocesos, sino un poder con mayor legitimidad que garantiza una justicia cercana y abierta basada en el diálogo, la honestidad, la transparencia, la independencia y la autonomía judicial”, expresó.

Agencias

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