El diputado José Luis Sánchez González propuso cobrar un impuesto de hasta 3.5 por ciento anual a las grandes fortunas de mexicanos

Ciudad de México.- El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Sánchez González, propuso cobrar un impuesto de hasta 3.5 por ciento anual a las grandes fortunas de mexicanos.

Para fortunas de entre 100 y 500 millones de pesos, la tasa anual aplicable sería de 1.5 por ciento, mientras que para fortunas de 500 a mil millones de pesos sería de 2.5 por ciento y para las superiores a mil millones alcanzaría un 3.5 por ciento anual.

Según la iniciativa firmada en solitario por el legislador jalisciense, la recaudación por esa contribución se destinaría íntegramente a conformar un Fondo de Justicia Social, enfocado en la reducción de la pobreza, la atención de grupos vulnerables, el cuidado del medio ambiente, garantizar la educación inicial, básica, media superior y superior, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el acceso a vivienda digna y ciudades justas.
El impuesto, señala la iniciativa, sería una garantía para la redistribución de la riqueza.
De acuerdo con el petista, estimaciones del SAT y encuestas de riqueza sugieren que menos del 0.1 por ciento de la población estaría sujeta a esta contribución y que la reforma lograría una recaudación potencial de entre 40 mil y 60 mil millones de pesos anuales.

Como sanción para quienes incumplan con estas disposiciones, la iniciativa prevé una multa equivalente al doble de la contribución no realizada y la responsabilidad determinada en el Código Penal de la Federación.
En su exposición de motivos, el petista argumenta que en México existe una desigualdad económica severa y que el 1 por ciento de la población concentra alrededor del 30 por ciento de la riqueza nacional.

Agencias

Robaron 195 millones de registros de contribuyentes mexicanos, así como padrones de votantes, credenciales de empleados públicos y archivos de organismos públicos de varios estados

Ciudad de México.- Un hacker robó 195 millones de registros de contribuyentes mexicanos, así como padrones de votantes, credenciales de empleados públicos y archivos de organismos públicos de varios estados.

El usuario burló la seguridad del chatbot de inteligencia artificial de Anthropic, Claude, y comenzó en diciembre una serie de ataques contra agencias del Gobierno mexicano durante aproximadamente un mes, según investigadores en ciberseguridad.

En total, robó 150 gigabytes de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Nacional Electoral (INE), de los gobiernos estatales de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, así como del Registro Civil de la Ciudad de México y del servicio de agua y drenaje de Monterrey.
El hacker escribió indicaciones en español para que el chatbot actuara como un hacker de élite: encontrara vulnerabilidades en redes gubernamentales, escribiera scripts para explotarlas y determinara cómo automatizar el robo de datos, señaló la startup israelí de ciberseguridad Gambit Security en una investigación publicada ayer.
Claude inicialmente advirtió al usuario desconocido sobre una posible intención maliciosa durante su conversación sobre el Gobierno mexicano, pero finalmente cumplió con las solicitudes del atacante y ejecutó miles de comandos en redes informáticas gubernamentales, indicaron los investigadores.

Funcionarios mexicanos emitieron en diciembre un breve comunicado en el que dijeron que investigaban intrusiones en varias instituciones públicas, aunque no está claro si estaban relacionadas con el ataque vía Claude.
El INE dijo que no había identificado brechas ni accesos no autorizados en meses recientes y que había reforzado su estrategia de ciberseguridad. El SAT también aseguró que no se identificaron accesos ilegítimos a su base de datos. En tanto, el Gobierno de Jalisco negó haber sido vulnerado.

Agencias

La extinta CFE Distribución firmó cinco contratos por 7 mil 136.9 millones de pesos para comprar 9 mil 755 vehículos

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no comprobó el gasto de 29 millones 951 mil pesos por la compra de casi 5 mil vehículos nuevos, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el tercer informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2024.

La extinta CFE Distribución firmó cinco contratos por 7 mil 136.9 millones de pesos para comprar 9 mil 755 vehículos nuevos.

En tres de los contratos, por 4 mil 811 millones de pesos para 6 mil 549 vehículos, la empresa eléctrica no pudo comprobar con documentos operaciones por 29 millones 951 mil pesos.
La Auditoría señaló que CFE no cumplió con la recomendación de la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados sobre realizar un procedimiento por concurso abierto para adjudicar un contrato para la compra de todos los vehículos.
De igual manera, tres empresas evaluadas como posibles proveedores que participaron en la investigación de condiciones de mercado cuando no debían hacerlo, pues no pertenecían al mercado de autos, señaló la Auditoría.

“Se presentaron deficiencias en todo el procedimiento de adjudicación como la falta de evidencia del envío de la documentación de los asuntos por tratar a los integrantes del Subcomité de Excepciones al Concurso Abierto en Materia de Bienes y Servicios.
“No se aclaró el señalamiento realizado en los dictámenes económicos, respecto de que los precios cotizados por los proveedores adjudicados eran iguales a los ofertados en su cotización enviada en la Investigación de Condiciones de Mercado, cuando no participaran en dicha investigación”, expuso la ASF.
La ASF señaló que en 15 facturas el sello de recepción de los bienes no contaba con nombre ni Registro Permanente de Empleado (RPE) de quien las recibió, y 2 mil 363 dictámenes de verificación técnica no se llenaron correctamente.
Adicionalmente, en 20 casos la entrada de almacén no coincidió con la fecha de recepción de los bienes.
La Auditoría también detectó que CFE Distribución cometió irregularidades en las obras de subestaciones, líneas de transmisión y obras de construcción y conexión de redes para el Tren Maya.
En este caso, la empresa eléctrica emitió una factura que no cumplía con los requisitos fiscales, señaló la Auditoría, aunque el monto no fue especificado.
De igual manera, la empresa eléctrica subcontrató obras que superaron el 49 por ciento que se había establecido en dos convenios.
Por estas acciones, la ASF promovió dos responsabilidades de sanciones administrativas.

Agencias