El empresario mexicano enfrenta el pago de 51,000 millones de pesos a Hacienda tras perder con el fisco en todas las instancias nacionales

Ciudad de México.- El pleito entre Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno de Claudia Sheinbaum por las deudas que el empresario arrastra con el fisco ha tomado vuelo internacional este martes por la mañana. El magnate ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acepte su denuncia contra el Estado mexicano por la “persecución política” que padece, argumenta, desde 2023, cuando la Administración comenzó a perseguir con más ahínco el dinero que debe al fisco, en algunos casos, desde 2007. Salinas Pliego agotó todas las instancias nacionales el pasado noviembre, tras perder en la Suprema Corte varios juicios en los que se jugaba un total de 51,000 millones de pesos. Entonces amenazó con elevarlo a instancias internacionales, y esta mañana ha cumplido con la advertencia.

En su solicitud, el conglomerado empresarial denuncia un hostigamiento “fiscal, judicial y administrativo”, que busca “restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”, de acuerdo con el comunicado hecho público este martes, después de que el magnate se reuniera con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

En el texto, el Grupo Salinas detalla la lista de agravios que considera que el Estado mexicano le ha infligido, entre los que se encuentra el despliegue de “auditorías excesivas”, el daño a la “reputación” del presidente del Grupo a través de medios de comunicación y vocerías públicas, el “uso político del aparato fiscal” y la “captura del Poder Judicial”, esto último achacado a la reciente reforma judicial que renovó de un plumazo y por voto popular a la mitad de la judicatura. “Salgo muy contento y con más convicción de que a mí no me van a doblar”, ha manifestado el empresario en un video, tras su reunión: “Vamos a plantarle cara al régimen del cártel de Morena”.

El golpe de Salinas Pliego llega unas semanas después de que Hacienda estableciera el monto definitivo que el empresario deberá pagar al Servicio Tributario (SAT). Tras las consecutivas derrotas judiciales, este era el último elemento que faltaba por fijar para que el proceso entrara en la fase final, la de ejecución. El comienzo de esta etapa, tras 15 años de batalla judicial y mediática, deja al magnate sin apenas opciones para eludir el millonario desembolso, engordado por los retrasos. El Gobierno anunció antes de Navidad que le requeriría la entrega este mismo enero, pero los 51,000 millones podrían reajustarse hasta en un 39% si el empresario decidiera pagar de manera voluntaria, según explicó el responsable del SAT, Antonio Martínez Dagnino. No parece, sin embargo, que esa sea la vía por la que vaya a optar el quinto hombre más rico de México que, lejos de claudicar, ha decidido escalarlo a las instancias internacionales.

La denuncia del magnate mantiene vivo el pleito mediático que sostiene a diario con la presidenta, que ha adquirido casi tanta importancia como el que han protagonizado en los tribunales. Judicialmente, sin embargo, el golpe de efecto no tendrá grandes consecuencias en el proceso que Salinas Pliego deberá encarar este año, una vez Hacienda le requiera oficialmente el pago de las deudas acumuladas. Pueden pasar años hasta que la CIDH resuelva si acepta o no pasar a la Corte Interamericana la denuncia presentada esta mañana. En caso de que decida hacerlo ―un escenario improbable, de acuerdo con algunos expertos, por la naturaleza fiscal del asunto, una temática poco frecuente en este tipo de tribunal―, la propia Corte tardaría años en resolver la cuestión. Por último, aunque fallara a favor del conglomerado empresarial, muy difícilmente podría revertir el desenlace del proceso, cuyos plazos se han acortado tras la reforma al recurso de amparo aprobada por el Congreso este otoño. Sería, en todo caso, una victoria simbólica.

De momento, sin embargo, el triunfo simbólico continúa en el campo del Gobierno, que ha hecho del combate contra los grandes deudores uno de sus caballos de batalla. Sheinbaum necesita aumentar la recaudación para mantener los cuantiosos programas sociales que vertebran su proyecto político, y la única forma de hacerlo sin recurrir a una reforma fiscal es tapar los agujeros por donde se ha escapado durante décadas el dinero que debía entrar en las arcas públicas.

Salinas Pliego es solo la superficie visible de un iceberg que representa dos billones de pesos atorados en los tribunales por créditos fiscales impugnados. Se ha convertido, sin embargo, para el Ejecutivo, en la imagen más representativa de quienes recurren a la ingeniería fiscal para eludir el pago de impuestos y luego implementan técnicas judiciales dilatorias para evitar responder a los reclamos de Hacienda.

La batalla es más encarnizada que cualquier otra porque ha adquirido fuertes tintes políticos. El empresario es una de las voces que se oponen con más fiereza y visibilidad al Gobierno morenista, que le responde con el mismo rechazo en las conferencias matutinas de la presidenta. Él es, también, quien más y mejor ha capitalizado las protestas contra el Ejecutivo que en un primer momento se atribuyeron a la generación Z, pero que más tarde revelaron un amalgama de participantes que abarcaban distintos espacios del espectro opositor.

Su poder mediático converge con una influencia política cada vez mayor, un escenario con el que tontea a cada tanto, aunque todavía no se ha decidido a dar el salto definitivo. Ha logrado, sin embargo, que el PAN, el principal partido opositor, le abra las puertas de su formación para convertirse en su próximo candidato. El de este martes es solo el último episodio de una larga disputa que todavía no termina y que se libra en muchos frentes a la vez. El final de este capítulo, no obstante, no llegará hasta mucho tiempo después.

El País

Será porque las aseguradoras no podrán acreditar deducciones del IVA ante el SAT y, además, por el aumento por inflación, advirtieron expertos

Ciudad de México.- A partir de este año, los costos de todos los seguros podrían subir un 20 por ciento o más porque las aseguradoras no podrán acreditar deducciones del IVA ante el SAT y, además, por el aumento por inflación, advirtieron expertos.

Se publicó en noviembre que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acusó que algunas aseguradoras deducían el IVA de reparaciones e indemnizaciones de sus clientes como si fuera un gasto propio, de modo que con la nueva Ley de Ingresos del 2026 ese impuesto ya no podrá acreditarse.

Especialistas cuestionaron que el fisco imponga IVA a los seguros y advirtieron sobre la afectación a los ciudadanos.
De acuerdo con asesores de seguros, algunas empresas ya comenzaron a difundir información sobre este cambio fiscal.
Incluso, un documento difundido por una empresa aseguradora para sus asesores, al que REFORMA tuvo acceso, menciona el aumento en el cobro.

“¿Qué implica esto?”, consta en el texto, “que ahora el IVA se convierte en un gasto que pasa a ser parte del costo total de la siniestralidad”.
“Un gasto médico de 100 pesos”, ejemplifica, “factura un IVA de 16 pesos, en donde el IVA es ahora un gasto médico que no se recupera y, por lo tanto, forma parte del costo total del siniestro, que ahora es de 116 pesos”.

Un agente de seguros dijo que las aseguradoras darán a conocer los incrementos a sus clientes durante enero.
“Los aumentos en las pólizas son con base en la edad, siniestralidad e inflación médica principalmente”, explicó.
“Por ejemplo, para un cliente en un año se aumenta en 22 por ciento, y para otros fue del 17 por ciento en promedio, y para personas de más de 60 años va de un 17 por ciento a un 24 por ciento”, agregó.
Juan Carlos Pérez Góngora, del Despacho Pérez Góngora y Asociados, coincidió en que las empresas ahora van a incluir dentro del costo total de seguros el IVA que antes deducían.
“Es una reforma injusta para las compañías de seguros que, además, lo van a repercutir al ciudadano”, anticipó el especialista.
“Los seguros deberían manejarse sin el IVA, con tasa cero”, añadió, “sería lo justo en un sistema tributario en donde las familias tienen que recurrir a contratar pólizas de seguro por el costo de los servicios médicos que el Gobierno no te puede proporcionar”.
Otro asesor de seguros consultado pidió transparencia en el uso del IVA que ahora el Gobierno obtendrá de las aseguradoras.
“El Gobierno debería utilizar ese IVA para el sistema de salud, para personas que no tienen la capacidad de contratar un seguro privado, deberían vigilar en qué se va a usar”, dijo.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el 40.6 por ciento del pago de primas de seguros se concentran en los de vida, seguido de un 20.1 por ciento de autos.
Hasta el corte de septiembre del 2025, la industria de seguros en el País, es decir, las primas por diversos tipos de seguros, creció 8 por ciento en términos reales respecto al mismo lapso del 2024.

Agencias

La representante del Gobierno mexicano para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, admitió que la FIFA tendrá exenciones fiscales, pero sólo por un año
Ciudad de México.- Para el actual Gobierno, el impacto al erario de México por los privilegios a la FIFA fue pactado por el expresidente priista Enrique Peña.

La representante del Gobierno mexicano para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, admitió que la FIFA tendrá exenciones fiscales, pero sólo por un año.

La exsenadora morenista sostuvo que en el acuerdo -celebrado por el expresidente Peña- se planteaban beneficios fiscales por 10 años para la autoridad del futbol; sin embargo, se acotó tras renegociarse.
Se informó ayer que los Gobiernos federales, de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, absorberán los costos de organización del evento, mientras que la FIFA podrá abstenerse de pagar impuestos e invertir en el Mundial.
Gabriela Cuevas explicó que limitaron bienes, personas y operaciones que podrán gozar del estímulo; sin embargo, no aclaró los casos en los que se aplicará.

Por el contrario, negó que las actividades comerciales de empresas o socios de la FIFA quedarán libres de impuestos el siguiente año.
Cuevas argumentó que el convenio se renegoció a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum por ser lesivo para las finanzas y dejar bajo indefensión legal al País.

“Es cierto que el contrato firmado por el Gobierno de Peña Nieto lastimaba las finanzas de México y dejaba a nuestro País en plena indefensión legal. Sin embargo, el actual Gobierno, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, ha renegociado exitosamente las condiciones en las que se llevará a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló en una carta.

Agencias