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Salinas Pliego denuncia ‘persecución política’ ante la CIDH

Published

2 meses ago

13 enero, 2026

Redacción

El empresario mexicano enfrenta el pago de 51,000 millones de pesos a Hacienda tras perder con el fisco en todas las instancias nacionales

Ciudad de México.- El pleito entre Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno de Claudia Sheinbaum por las deudas que el empresario arrastra con el fisco ha tomado vuelo internacional este martes por la mañana. El magnate ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acepte su denuncia contra el Estado mexicano por la “persecución política” que padece, argumenta, desde 2023, cuando la Administración comenzó a perseguir con más ahínco el dinero que debe al fisco, en algunos casos, desde 2007. Salinas Pliego agotó todas las instancias nacionales el pasado noviembre, tras perder en la Suprema Corte varios juicios en los que se jugaba un total de 51,000 millones de pesos. Entonces amenazó con elevarlo a instancias internacionales, y esta mañana ha cumplido con la advertencia.

En su solicitud, el conglomerado empresarial denuncia un hostigamiento “fiscal, judicial y administrativo”, que busca “restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”, de acuerdo con el comunicado hecho público este martes, después de que el magnate se reuniera con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

En el texto, el Grupo Salinas detalla la lista de agravios que considera que el Estado mexicano le ha infligido, entre los que se encuentra el despliegue de “auditorías excesivas”, el daño a la “reputación” del presidente del Grupo a través de medios de comunicación y vocerías públicas, el “uso político del aparato fiscal” y la “captura del Poder Judicial”, esto último achacado a la reciente reforma judicial que renovó de un plumazo y por voto popular a la mitad de la judicatura. “Salgo muy contento y con más convicción de que a mí no me van a doblar”, ha manifestado el empresario en un video, tras su reunión: “Vamos a plantarle cara al régimen del cártel de Morena”.

El golpe de Salinas Pliego llega unas semanas después de que Hacienda estableciera el monto definitivo que el empresario deberá pagar al Servicio Tributario (SAT). Tras las consecutivas derrotas judiciales, este era el último elemento que faltaba por fijar para que el proceso entrara en la fase final, la de ejecución. El comienzo de esta etapa, tras 15 años de batalla judicial y mediática, deja al magnate sin apenas opciones para eludir el millonario desembolso, engordado por los retrasos. El Gobierno anunció antes de Navidad que le requeriría la entrega este mismo enero, pero los 51,000 millones podrían reajustarse hasta en un 39% si el empresario decidiera pagar de manera voluntaria, según explicó el responsable del SAT, Antonio Martínez Dagnino. No parece, sin embargo, que esa sea la vía por la que vaya a optar el quinto hombre más rico de México que, lejos de claudicar, ha decidido escalarlo a las instancias internacionales.

La denuncia del magnate mantiene vivo el pleito mediático que sostiene a diario con la presidenta, que ha adquirido casi tanta importancia como el que han protagonizado en los tribunales. Judicialmente, sin embargo, el golpe de efecto no tendrá grandes consecuencias en el proceso que Salinas Pliego deberá encarar este año, una vez Hacienda le requiera oficialmente el pago de las deudas acumuladas. Pueden pasar años hasta que la CIDH resuelva si acepta o no pasar a la Corte Interamericana la denuncia presentada esta mañana. En caso de que decida hacerlo ―un escenario improbable, de acuerdo con algunos expertos, por la naturaleza fiscal del asunto, una temática poco frecuente en este tipo de tribunal―, la propia Corte tardaría años en resolver la cuestión. Por último, aunque fallara a favor del conglomerado empresarial, muy difícilmente podría revertir el desenlace del proceso, cuyos plazos se han acortado tras la reforma al recurso de amparo aprobada por el Congreso este otoño. Sería, en todo caso, una victoria simbólica.

De momento, sin embargo, el triunfo simbólico continúa en el campo del Gobierno, que ha hecho del combate contra los grandes deudores uno de sus caballos de batalla. Sheinbaum necesita aumentar la recaudación para mantener los cuantiosos programas sociales que vertebran su proyecto político, y la única forma de hacerlo sin recurrir a una reforma fiscal es tapar los agujeros por donde se ha escapado durante décadas el dinero que debía entrar en las arcas públicas.

Salinas Pliego es solo la superficie visible de un iceberg que representa dos billones de pesos atorados en los tribunales por créditos fiscales impugnados. Se ha convertido, sin embargo, para el Ejecutivo, en la imagen más representativa de quienes recurren a la ingeniería fiscal para eludir el pago de impuestos y luego implementan técnicas judiciales dilatorias para evitar responder a los reclamos de Hacienda.

La batalla es más encarnizada que cualquier otra porque ha adquirido fuertes tintes políticos. El empresario es una de las voces que se oponen con más fiereza y visibilidad al Gobierno morenista, que le responde con el mismo rechazo en las conferencias matutinas de la presidenta. Él es, también, quien más y mejor ha capitalizado las protestas contra el Ejecutivo que en un primer momento se atribuyeron a la generación Z, pero que más tarde revelaron un amalgama de participantes que abarcaban distintos espacios del espectro opositor.

Su poder mediático converge con una influencia política cada vez mayor, un escenario con el que tontea a cada tanto, aunque todavía no se ha decidido a dar el salto definitivo. Ha logrado, sin embargo, que el PAN, el principal partido opositor, le abra las puertas de su formación para convertirse en su próximo candidato. El de este martes es solo el último episodio de una larga disputa que todavía no termina y que se libra en muchos frentes a la vez. El final de este capítulo, no obstante, no llegará hasta mucho tiempo después.

El País

SAT

Busca el PT impuestos para grandes fortunas

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2 semanas ago

4 marzo, 2026

Redacción

El diputado José Luis Sánchez González propuso cobrar un impuesto de hasta 3.5 por ciento anual a las grandes fortunas de mexicanos

Ciudad de México.- El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Sánchez González, propuso cobrar un impuesto de hasta 3.5 por ciento anual a las grandes fortunas de mexicanos.

Para fortunas de entre 100 y 500 millones de pesos, la tasa anual aplicable sería de 1.5 por ciento, mientras que para fortunas de 500 a mil millones de pesos sería de 2.5 por ciento y para las superiores a mil millones alcanzaría un 3.5 por ciento anual.

Según la iniciativa firmada en solitario por el legislador jalisciense, la recaudación por esa contribución se destinaría íntegramente a conformar un Fondo de Justicia Social, enfocado en la reducción de la pobreza, la atención de grupos vulnerables, el cuidado del medio ambiente, garantizar la educación inicial, básica, media superior y superior, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el acceso a vivienda digna y ciudades justas.
El impuesto, señala la iniciativa, sería una garantía para la redistribución de la riqueza.
De acuerdo con el petista, estimaciones del SAT y encuestas de riqueza sugieren que menos del 0.1 por ciento de la población estaría sujeta a esta contribución y que la reforma lograría una recaudación potencial de entre 40 mil y 60 mil millones de pesos anuales.

Como sanción para quienes incumplan con estas disposiciones, la iniciativa prevé una multa equivalente al doble de la contribución no realizada y la responsabilidad determinada en el Código Penal de la Federación.
En su exposición de motivos, el petista argumenta que en México existe una desigualdad económica severa y que el 1 por ciento de la población concentra alrededor del 30 por ciento de la riqueza nacional.

Agencias

SAT

Hackean y roban datos al SAT e INE

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2 semanas ago

26 febrero, 2026

Redacción

Robaron 195 millones de registros de contribuyentes mexicanos, así como padrones de votantes, credenciales de empleados públicos y archivos de organismos públicos de varios estados

Ciudad de México.- Un hacker robó 195 millones de registros de contribuyentes mexicanos, así como padrones de votantes, credenciales de empleados públicos y archivos de organismos públicos de varios estados.

El usuario burló la seguridad del chatbot de inteligencia artificial de Anthropic, Claude, y comenzó en diciembre una serie de ataques contra agencias del Gobierno mexicano durante aproximadamente un mes, según investigadores en ciberseguridad.

En total, robó 150 gigabytes de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Nacional Electoral (INE), de los gobiernos estatales de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, así como del Registro Civil de la Ciudad de México y del servicio de agua y drenaje de Monterrey.
El hacker escribió indicaciones en español para que el chatbot actuara como un hacker de élite: encontrara vulnerabilidades en redes gubernamentales, escribiera scripts para explotarlas y determinara cómo automatizar el robo de datos, señaló la startup israelí de ciberseguridad Gambit Security en una investigación publicada ayer.
Claude inicialmente advirtió al usuario desconocido sobre una posible intención maliciosa durante su conversación sobre el Gobierno mexicano, pero finalmente cumplió con las solicitudes del atacante y ejecutó miles de comandos en redes informáticas gubernamentales, indicaron los investigadores.

Funcionarios mexicanos emitieron en diciembre un breve comunicado en el que dijeron que investigaban intrusiones en varias instituciones públicas, aunque no está claro si estaban relacionadas con el ataque vía Claude.
El INE dijo que no había identificado brechas ni accesos no autorizados en meses recientes y que había reforzado su estrategia de ciberseguridad. El SAT también aseguró que no se identificaron accesos ilegítimos a su base de datos. En tanto, el Gobierno de Jalisco negó haber sido vulnerado.

Agencias

SAT

Debe CFE comprobar 29 mdp por compra de autos nuevos

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2 semanas ago

26 febrero, 2026

Redacción

La extinta CFE Distribución firmó cinco contratos por 7 mil 136.9 millones de pesos para comprar 9 mil 755 vehículos

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no comprobó el gasto de 29 millones 951 mil pesos por la compra de casi 5 mil vehículos nuevos, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el tercer informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2024.

La extinta CFE Distribución firmó cinco contratos por 7 mil 136.9 millones de pesos para comprar 9 mil 755 vehículos nuevos.

En tres de los contratos, por 4 mil 811 millones de pesos para 6 mil 549 vehículos, la empresa eléctrica no pudo comprobar con documentos operaciones por 29 millones 951 mil pesos.
La Auditoría señaló que CFE no cumplió con la recomendación de la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados sobre realizar un procedimiento por concurso abierto para adjudicar un contrato para la compra de todos los vehículos.
De igual manera, tres empresas evaluadas como posibles proveedores que participaron en la investigación de condiciones de mercado cuando no debían hacerlo, pues no pertenecían al mercado de autos, señaló la Auditoría.

“Se presentaron deficiencias en todo el procedimiento de adjudicación como la falta de evidencia del envío de la documentación de los asuntos por tratar a los integrantes del Subcomité de Excepciones al Concurso Abierto en Materia de Bienes y Servicios.
“No se aclaró el señalamiento realizado en los dictámenes económicos, respecto de que los precios cotizados por los proveedores adjudicados eran iguales a los ofertados en su cotización enviada en la Investigación de Condiciones de Mercado, cuando no participaran en dicha investigación”, expuso la ASF.
La ASF señaló que en 15 facturas el sello de recepción de los bienes no contaba con nombre ni Registro Permanente de Empleado (RPE) de quien las recibió, y 2 mil 363 dictámenes de verificación técnica no se llenaron correctamente.
Adicionalmente, en 20 casos la entrada de almacén no coincidió con la fecha de recepción de los bienes.
La Auditoría también detectó que CFE Distribución cometió irregularidades en las obras de subestaciones, líneas de transmisión y obras de construcción y conexión de redes para el Tren Maya.
En este caso, la empresa eléctrica emitió una factura que no cumplía con los requisitos fiscales, señaló la Auditoría, aunque el monto no fue especificado.
De igual manera, la empresa eléctrica subcontrató obras que superaron el 49 por ciento que se había establecido en dos convenios.
Por estas acciones, la ASF promovió dos responsabilidades de sanciones administrativas.

Agencias