Consideran que más que una medida técnica ha sido usada para desgastar y presionar a quienes han sido críticos del Gobierno

Ciudad de México.- La revocación del SAT a organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos deducibles de impuestos, más que una medida técnica ha sido usada con fines políticos para desgastar y presionar a quienes han sido críticos del Gobierno, consideró María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“El Gobierno tiene el instrumento técnico que se puede usar políticamente para quitar el registro de las organizaciones de la sociedad civil”, indicó.

Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las revocaciones no son decisión de ella sino del SAT, basado en un tema técnico y de cumplimiento a los requisitos de ley.
Tras la conferencia, el SAT informó que desde el año pasado revocó la autorización para recibir donativos deducibles a 270 donatarias de un padrón de 10 mil.
Entre las organizaciones afectadas figuran México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad y MCCI, que realizan evaluaciones de políticas públicas que en ocasiones son críticas del quehacer gubernamental.

Las tres organizaciones informaron que, ante las nuevas disposiciones emitidas por el SAT, están realizando los trámites para nuevamente ser consideradas como donatarias autorizadas.
En entrevista, Casar señaló que este clima de persecución contrasta con la facilidad con la que la organización Humanidad con América Latina, promovida por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Cuba, obtuvo la calidad de donataria en unas cuantas semanas.

Agencias

Ciudad de México.- El proceso de declaración anual para personas físicas representa uno de los hitos más relevantes del calendario fiscal en México.
De acuerdo con las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el periodo para que los contribuyentes presenten su ejercicio correspondiente al año previo se concentra habitualmente en el mes de abril.
Tras el cumplimiento de esta obligación, una de las mayores expectativas es la obtención del saldo a favor, un derecho que surge cuando el cálculo de impuestos resulta en un pago mayor al debido.
No obstante, la recepción de estos recursos no es inmediata y está sujeta a diversos criterios de validación técnica y plazos legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación.
La velocidad con la que un contribuyente recibe su depósito depende directamente de la modalidad en la que se procese su información. Según el portal especializado en gestión administrativa Facturama, existen tres escenarios principales que definen la espera:
Devolución automática (Rápida): Este esquema se activa para asalariados y personas con declaraciones sencillas que presentan su información correctamente durante el mes de abril. El SAT realiza devoluciones automáticas de saldo a favor generalmente en 5 días hábiles tras la declaración, aunque en algunos casos este proceso puede extenderse de 5 a 10 días hábiles si los datos son validados sin contratiempos.
Plazo oficial máximo: De acuerdo con la normativa vigente, el SAT tiene hasta 40 días hábiles para realizar el depósito. Este es el límite legal que la autoridad fiscal posee para emitir una resolución y ejecutar el pago tras la recepción de la solicitud.
Devolución manual: En situaciones donde la devolución automática es rechazada por inconsistencias, el contribuyente debe iniciar un proceso manual. Bajo esta modalidad, el tiempo de respuesta se alarga considerablemente, pudiendo demorar hasta 120 días hábiles debido a la revisión exhaustiva de los comprobantes fiscales.
La eficiencia del trámite está estrechamente ligada a la precisión de los datos proporcionados por el usuario. La autoridad fiscal identifica diversos elementos que entorpecen el flujo del efectivo. Entre los más comunes, según la información técnica proporcionada por el SAT, se encuentra el proporcionar una cuenta CLABE incorrecta o que no esté a nombre del titular de la declaración.
Asimismo, presentar la declaración fuera de los plazos establecidos (abril para personas físicas) o tener inconsistencias que requieran una auditoría profunda por parte de la autoridad son causas recurrentes de demora.
Ante un retraso que supere el periodo estándar, es fundamental que el contribuyente realice un seguimiento activo. De acuerdo con especialistas en derecho fiscal de la plataforma Tax Foundation (atribución a sus guías de mejores prácticas globales), el primer paso es revisar el estatus en el portal del SAT.
Si el sistema arroja errores o si ya pasaron más de 40 días hábiles sin una respuesta clara, el usuario podría tener que iniciar una “devolución manual” a través del Buzón Tributario, adjuntando la documentación que sustente las deducciones personales aplicadas. Es imperativo asegurar que la e.firma esté vigente para cualquier trámite de esta naturaleza, ya que su ausencia impide la finalización de solicitudes de montos elevados.

Agencias

El diputado José Luis Sánchez González propuso cobrar un impuesto de hasta 3.5 por ciento anual a las grandes fortunas de mexicanos

Ciudad de México.- El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Sánchez González, propuso cobrar un impuesto de hasta 3.5 por ciento anual a las grandes fortunas de mexicanos.

Para fortunas de entre 100 y 500 millones de pesos, la tasa anual aplicable sería de 1.5 por ciento, mientras que para fortunas de 500 a mil millones de pesos sería de 2.5 por ciento y para las superiores a mil millones alcanzaría un 3.5 por ciento anual.

Según la iniciativa firmada en solitario por el legislador jalisciense, la recaudación por esa contribución se destinaría íntegramente a conformar un Fondo de Justicia Social, enfocado en la reducción de la pobreza, la atención de grupos vulnerables, el cuidado del medio ambiente, garantizar la educación inicial, básica, media superior y superior, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el acceso a vivienda digna y ciudades justas.
El impuesto, señala la iniciativa, sería una garantía para la redistribución de la riqueza.
De acuerdo con el petista, estimaciones del SAT y encuestas de riqueza sugieren que menos del 0.1 por ciento de la población estaría sujeta a esta contribución y que la reforma lograría una recaudación potencial de entre 40 mil y 60 mil millones de pesos anuales.

Como sanción para quienes incumplan con estas disposiciones, la iniciativa prevé una multa equivalente al doble de la contribución no realizada y la responsabilidad determinada en el Código Penal de la Federación.
En su exposición de motivos, el petista argumenta que en México existe una desigualdad económica severa y que el 1 por ciento de la población concentra alrededor del 30 por ciento de la riqueza nacional.

Agencias