Hermosillo, Sonora.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que la loba marina rescatada y desenmallada en San Carlos, Sonora, el pasado 6 de enero, fue finalmente liberada en playa Shangri-La.
En redes sociales, la autoridad ambiental compartió un video de la liberación del ejemplar, en donde detalló que fue colocada cerca de la misma isla en donde fue encontrada.
Aseguró que recibió atención médica y cuidados en las instalaciones del Centro de Rescate Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C. (CRRIFS), a quienes agradeció por sus cuidados especializados brindados en este caso.
Habitantes de San Carlos habían solicitado en redes sociales apoyo urgente para atender a un lobo marino atrapado en una red de enmalle, luego de la difusión de un video en donde se observaba al ejemplar en presunto mal estado físico en la zona del Arco de la Lágrima, dentro del área portuaria.
Por esta situación, la procuradora Mariana Boy Tamborrell informó que había recibido la alerta sobre el caso e inició la coordinación para atender la situación del mamífero.
El martes 6 de enero Profepa explicó que, después de días de búsqueda y persecución, personal de la dependencia en Sonora rescató al lobo marino, que había sido recientemente reportado en condiciones de peligro. El ejemplar fue puesto en rehabilitación desde entonces.
El miércoles 7 de enero, se puntualizó que el ejemplar es una hembra juvenil de casi 23 kilos, que presentaba signos de desnutrición.
“El procedimiento de desenmalle estuvo a cargo del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C., y fue realizado con mucho cuidado para no lastimar sus órganos”, afirmó.
De acuerdo con Profepa, la operación tuvo éxito y se logró retirar el enmalle en los cuatro puntos en los que estaba enredado. El ejemplar después entró en proceso de recuperación de la anestesia.
“Se espera que, al pasar el efecto de la anestesia, empiece a comer, para posteriormente valorar su reincorporación a su hábitat”, explicó la autoridad ambiental ese día.

Agencias

Ciudad de México.- El 2026 comenzó con asuntos legales para Natanael Cano; sin embargo, el cantante logró frenar de manera provisional una orden de aprehensión.
El intérprete de corridos tumbados, cuyo nombre real es Natanael Rubén Cano Monge, promovió un juicio de amparo para evitar que dicha orden se haga efectiva, de acuerdo con información difundida por Radio Fórmula.
La solicitud fue admitida el 31 de diciembre de 2025. En esa misma fecha, la jueza de Distrito en Sonora, Yadira Guadalupe Dórame Enríquez, concedió una suspensión provisional que impide, por el momento, que Cano sea privado de su libertad mientras se resuelve el juicio constitucional.
Según lo reportado por el medio, la resolución establece que, en caso de que Cano deba comparecer a una audiencia inicial, el juez del proceso penal podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes; no obstante, estas no podrán ejecutarse mientras la suspensión permanezca vigente. Es decir, no podrán aplicarse sanciones ni restricciones hasta que el juzgado federal determine si se concede el amparo de manera definitiva.
Por otro lado, si la orden de aprehensión estuviera vinculada con un delito que por ley amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, un delito grave, la suspensión únicamente impediría que Cano fuera encarcelado por la autoridad local. En ese escenario, en caso de ser detenido, quedaría bajo la custodia y supervisión del juzgado de distrito federal, y no de la autoridad estatal o municipal.
Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas específicas que originaron la orden de aprehensión.

Antecedentes de Natanael Cano

De acuerdo con los reportes, Natanael Cano fue detenido el 29 de marzo de 2024 por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, Sonora, y posteriormente investigado por un presunto soborno a dichos agentes.
El cantante fue arrestado por conducir a exceso de velocidad en un automóvil Dodge Charger rojo, sin placas, por el bulevar José María Morelos, y los videos del momento fueron documentados en redes sociales.
El proceso relacionado con el delito de cohecho concluyó tras la concesión de una suspensión definitiva otorgada por un juzgado federal, pero enfrentó vigilancia judicial y restricciones.
En este mismo caso, siete policías municipales fueron vinculados a proceso penal por los delitos de cohecho e incumplimiento del deber legal, tras aceptar el soborno. Los elementos recibieron suspensiones, medidas cautelares y sanciones económicas.

Agencias

Hermosillo, Sonora.- Desde el penal donde permanece en prisión preventiva desde hace más de cuatro meses, José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, aseguró ser inocente del delito de peculado que le imputa la Fiscalía Anticorrupción del Estado (FAS) y afirmó que las acusaciones en su contra carecen de sustento jurídico.
A través de una carta pública dirigida a la opinión pública, el exfuncionario sostiene que los recursos por los que fue vinculado a proceso no son públicos, sino fondos privados provenientes de retenciones aplicadas directamente al salario de los trabajadores de la educación afiliados a la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destinadas a un sistema de previsión social vigente desde hace cuatro décadas.
Guerrero González subraya que dicho esquema tiene su origen en un acuerdo laboral firmado en 1986 entre el Gobierno del Estado y el sindicato magisterial, y que su finalidad ha sido otorgar prestaciones económicas a los trabajadores, o bien, a sus deudos en casos de incapacidad total, pérdidas orgánicas o fallecimiento.
“Al no tratarse de recursos públicos, no existe el delito que se me imputa”, afirma en su misiva.
El exsecretario explica que estas retenciones aparecen en los talones de pago de los trabajadores bajo distintos conceptos, como Plan de Beneficios Múltiples, y que legalmente se consideran “fondos ajenos”, similares a otros descuentos de nómina destinados a aseguradoras, servicios funerarios o pensiones alimenticias.
Añade que estos recursos dejan de formar parte del presupuesto estatal al provenir del sueldo devengado por los empleados.
En su posicionamiento, Guerrero advierte que, de prosperar la tesis de la Fiscalía de que los recursos son públicos, deberían investigarse y procesarse también a funcionarios de la actual y la anterior administración estatal, tanto de la Secretaría de Educación y Cultura como de la Secretaría de Hacienda, ya que según asegura, el mismo esquema financiero continúa vigente bajo la denominación de Plan de Beneficios Laborales.
Incluso señala que, en la actual administración, los recursos retenidos se depositan en una cuenta bancaria destinada a programas de pavimentación e infraestructura urbana para municipios, desde la cual posteriormente se transfieren al sindicato, lo que a su juicio evidenciaría un uso similar del mecanismo que hoy se le reprocha.
Guerrero González también recuerda que, durante su gestión, detectó presuntas irregularidades en la operación del fideicomiso administrado por la empresa Consulta Actuarios, SC, razón por la cual instruyó al comité técnico del plan a presentar una denuncia penal en 2021.
Posteriormente, señala, la actual administración promovió una demanda civil contra dicha empresa para recuperar recursos de los trabajadores que presuntamente fueron mal utilizados.
No obstante, denuncia que esa demanda civil se encuentra detenida desde finales de 2024 y que la investigación penal fue reorientada en contra de los funcionarios que originalmente denunciaron a la empresa.
Afirma además que la evidencia documental que respalda su versión no ha sido valorada por los juzgadores, pese a formar parte de la carpeta de investigación.
Finalmente, el exsecretario exigió transparencia, respeto a la presunción de inocencia y libertad para que el sistema judicial resuelva el caso sin presiones externas.
Asimismo, reclamó que se reactive el proceso civil contra la empresa administradora de los fondos y advirtió que su encarcelamiento lo convierte en el único imputado privado de la libertad por un esquema que, asegura, sigue operando en el gobierno estatal.
La Fiscalía Anticorrupción de Sonora no ha emitido, hasta el momento, una postura pública en respuesta a los señalamientos contenidos en la carta.

Agencias