Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que puso en marcha la iniciativa Ver para soñar, que con templa la entrega de dos millones de lentes a niños, luego de los resultados obtenidos a través de las Jornadas de Salud y en el marco de la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, con la que se detectó que cuatro de cada 10 alumnos de educación primaria presentan problemas de agudeza visual.
A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública indicó que con esta iniciativa se entregarán de manera gratuita dos millones de lentes a estudiantes de todas las escuelas primarias públicas de todo el país con diagnóstico de problemas visuales durante el ciclo escolar 2025-2026.
En ese sentido, la dependencia afirmó que con la entrega de estos lentes se cubrirá prácticamente la totalidad de niños que los requieren, para que su desempeño académico no se vea afectado por limitaciones visuales.
Por ello, exhortó a madres, padres y familias que ya recibieron el Informe de Resultados de la Evaluación de Salud de sus hijos —donde se indica la detección de problemas de agudeza visual— a acudir a una clínica para una segunda valoración con un optometrista y, en caso necesario, recibir los lentes de manera totalmente gratuita.
Añadió que, con la entrega de lentes a estudiantes de primaria, se eliminan barreras que afectan el aprendizaje y se promueve la equidad educativa, “porque ningún niño debe quedarse atrás por esta causa”.
“Nadie se enferma solo, nadie se cura solo. La salud es un hecho social, por ello, juntos construimos las condiciones para que las nuevas generaciones crezcan plenas, en igualdad, conscientes de su realidad y, sobre todo, sanas y felices”, subrayó la dependencia federal.

Agencias

Ciudad de México.- Las responsabilidades que asumen los agentes aduanales con la nueva Ley Aduanera subirán los costos de las operaciones de comercio exterior en casi 30%, dijo el presidente para la zona Noreste del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología (Comce), Javier Cendejas Meneses.
A raíz de la legislación recientemente aprobada por el Congreso, los agentes aduanales son responsables solidarios de operaciones que hagan importadores o exportadores con quienes trabajan, explicó en entrevista.
Eso significa que debe haber revisiones de origen, de manera que, si se quiere importar telas, mochilas, un químico, árboles de Navidad o cualquier artículo desde China, se deberá verificar que el contenedor lleve esos productos, para lo que se requiere subcontratar a una empresa en el país asiático que realice la verificación, expuso.
“Hacer esa revisión en el país de origen es más costoso y debes tener un cierto volumen para que el importador pueda pagar esa revisión”, expuso Cendejas.
Añadió que “esos cambios le van a terminar repercutiendo al consumidor, porque cuesta a la agencia aduanal tener una infraestructura robusta para cumplir esos cambios y a fin de cuentas va a provocar de alguna manera que los despachos aduaneros en los puertos se retrasen”.
Hay 853 agentes aduanales en el país, de los cuales 100 concentran 80% de la operación, dijo.
Además, aumentarán los tiempos de los procesos porque se tiene que revisar más la mercancía, señaló Cendejas Meneses. Por ejemplo, si el tiempo de despacho de una mercancía por vía marítima es de siete días, a partir de la reforma podría irse al doble si se toma en cuenta que los puertos están saturados, como Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
Si bien la ley tiene como objetivo evitar el contrabando en todas sus modalidades y la corrupción, va a generar costos, señaló.
Si bien hay “cambios interesantes y retos que se pueden volver oportunidades, también pueden obstaculizar el comercio exterior”, añadió.
Cendejas Meneses agregó que faltan las reglas de la Ley Aduanera y espera que se pueda “matizar de una manera inteligente” cómo se aterrizará la ley.
El problema es que ahora que el agente aduanal tiene toda la responsabilidad podrá haber quienes no quieran procesar pedimentos cuando el importador no esté de acuerdo en que se revise el cargamento, sobre todo en agencias de prestigio y que han operado por tres o cuatro generaciones.

Agencias

Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las multas de 6.3 millones de pesos impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de juzgadores que aparecieron en los acordeones, al argumentar que no hay pruebas de que éstos se hayan utilizado en la pasada votación del Poder Judicial.
La propuesta de revocar de forma lisa y llana fue aprobada por tres votos a favor de Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata; dos en contra, de Reyes Rodríguez y Janine Otálora, con la excusa para ausentarse de Gilberto Bátiz y Claudia Valle.
El bloque mayoritario sostuvo que el INE no realizó una investigación exhaustiva para comprobar la relación de las candidaturas con los acordeones y, en su caso, el beneficio que obtuvieron en la elección. El órgano electoral determinó que, si bien los acordeones fueron elaborados por terceros, generaron un beneficio indebido, por lo que impuso multas con base en 10% del tope de gastos de cada cargo, y valorando la capacidad económica de cada persona.
La magistrada presidenta Mónica Soto subrayó que no hay evidencia del impacto de estos mecanismos en la votación ni el beneficio para las candidaturas que aparecieron en las listas.
“Tampoco se demostró la finalidad que perseguían, pues no quedó claro ni acreditado el supuesto beneficio indebido a favor de las candidaturas, al no haberse probado que la propaganda denunciada se hubiera distribuido de manera masiva, mucho menos que el electorado hubiera tenido acceso a ellas ni que se hayan utilizado el día de la jornada electoral”.

Acreditan existencia
El magistrado Felipe Fuentes señaló que el INE acreditó la existencia de los acordeones, pero no pudo comprobar el impacto que tuvieron en la elección ni su origen, por lo que no se sostienen las sanciones.
“Aun si se admitiera la existencia del beneficio, no se acreditó que las personas sancionadas tuvieran conocimiento de los hechos. El INE sustituyó la prueba por una presunción, sostuvo que por tratarse de un hecho notorio las candidaturas necesariamente debieron conocerlo. Este razonamiento, bajo mi perspectiva jurídica, es equivocado”.
En contra de la revocación, la magistrada Janine Otálora reconoció que las indagatorias del INE quedaron inconclusas, no sólo por causas imputables a terceros, sino también por un escaso empeño del instituto para obtener respuestas a sus requerimientos, por lo que propuso que el órgano electoral haga una investigación exhaustiva sobre los acordeones. Sostuvo que, lejos de ser guías que permitieran el voto, constituyeron mecanismos para influir en la voluntad de la ciudadanía a fin de afectar la libertad de sufragio.
La propuesta del magistrado Reyes Rodríguez fue confirmar las multas, argumentando que el objetivo de los acordeones fue impulsar estas candidaturas.

Agencias