Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que los ministros no van a usar las nueve camionetas blindadas, Grand Cherokee que adquirió, además de solicitar que se inicie el proceso para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de juzgadores que enfrentan mayores riesgos, con apego a la normatividad aplicable.
En redes sociales, el Máximo Tribunal del país reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera.
“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable.
“Con el fin de precisar la información, se ofrecerá una conferencia de prensa (este lunes) en las instalaciones de este Máximo Tribunal”, precisó la Corte.
De acuerdo con el catálogo de estas camionetas, los precios oscilan entre el millón 69 mil pesos hasta un millón 777 mil 900 pesos, todo depende del equipamiento y si es motor a gasolina o si es una versión híbrida y hasta 4X4.
En el interior, los vehículos cuentan con proyección a color de 10″ en el parabrisas, un sistema Uconnect 5 con pantalla táctil de 10″, sistema de sonido premium McIntosh, pantalla interactiva del pasajero, iluminación ambiental led, los interiores son de piel Palermo con Nappa acolchada.
El jueves pasado la SCJN dio a conocer que había tomado la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades.
Esto con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional.
“Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido.
“Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”, refirió el Máximo Tribunal del país en una tarjeta informativa.
Indicó que la determinación, de renovar la flotilla, contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyendo que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación.

Agencias

Ciudad de México.- En el Órgano de Administración Judicial (OAJ), donde también se pregona la austeridad, iniciaron el año estrenando 571 vehículos de diverso tipo que adquirieron por un monto de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025.
Luego de las críticas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sus nueve camionetas de lujo, el órgano emitió la noche de este sábado un comunicado en el que justificó la compra de los automóviles, al señalar que se trató de la renovación del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación (PJF), que presentaba fallas recurrentes, alto consumo de combustible y largo tiempo en talleres.
Aseguró que la inversión realizada y sustentada en criterios técnicos, de seguridad, financieros y operativos, equivale a 68.8% del costo de un año de arrendamiento, e implica un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos en el periodo de 2026 a 2028.
La institución argumentó que, a diferencia del extinto Consejo de la Judicatura Federal y del entonces Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la anterior Suprema Corte, se optó por un esquema de compra y no de arrendamiento, ya que la renta de las unidades les habría implicado un gasto de 336.2 millones de pesos por año, con contratos de al menos tres años de vigencia.
“Ante este escenario, se optó por una inversión de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la adquisición de 571 vehículos de distintos tipos, que cubrirán a partir de 2026 las necesidades de movilidad del OAJ, la SCJN y el TEPJF”, refirió.
Además, aseguró que la compra les genera ahorros adicionales, pues de los 571 vehículos, 124 son híbridos o eléctricos, lo que, según el órgano encabezado por el magistrado Néstor Vargas Solano, permitirá reducir aproximadamente en 30% el gasto en combustible, además de disminuir el impacto ambiental.
“Asimismo, los costos de mantenimiento se reducirán en al menos 70% en comparación con los modelos anteriores que presentaba fallas recurrentes, altos consumos de combustible y largos tiempos de espera en talleres, lo que afectaba la operación cotidiana.
“Adicionalmente, la adquisición permite que los vehículos puedan enajenarse a valor de mercado al concluir su vida útil y no como chatarra, como ocurría bajo el modelo de arrendamiento anterior donde los vehículos regresaban al arrendador sin generar ningún beneficio adicional.”, expuso.
Indicó que desde la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), una de las prioridades ha sido la reducción del gasto público y el uso más eficiente de los recursos.

Agencias

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la inclusión de las fotografías de los candidatos en las boletas electorales en Coahuila, por mayoría de cinco votos a favor, derivado de una reforma en julio pasado al Código Electoral de la entidad.
La mayoría aprobó el proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, quien determinó que los artículos impugnados por partidos políticos no constituyen propaganda electoral y tampoco violan el principio de equidad de la contienda.
“La cara, en este caso, no está sustituyendo a una plataforma electoral, simplemente le permite a la ciudadanía asociar al individuo (…) no creo que sea adecuado asumir que la ciudadanía solamente va a votar o va a tomar en consideración una cara”, aseveró Figueroa Mejía.
El ministro también resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas por Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano contra las reformas al Código Electoral de Coahuila.
A favor del proyecto se pronunciaron los ministros Figueroa Mejía, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Arístides Guerrero García y el ministro presidente de la SCJN Hugo Aguilar Ortiz y en contra los ministros Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y Lenia Batres Guadarrama.

Elemento crucial
“Creo que en gran medida sí ayuda al votante a tomar una definición y si se cuida que sea un elemento neutro, que no tenga algunas condiciones que rompan la equidad de la contienda, yo creo que se convierte en un elemento necesario.
“Estamos viviendo la era digital, muchas cosas van a seguir llegando y creo que lo que favorezca a contribuir a que el votante tenga las mejores condiciones para tomar la decisión será bienvenido”, aseveró Aguilar Ortiz.
Batres Guadarrama consideró que la fotografía en la boleta no ayuda a las personas a tomar una decisión informada.
“Y si lo que le ofrecemos son rostros, lo que estamos haciendo es frivolizar la elección por supuesto, que no ayudamos a una equidad electoral en el momento en que hay muchos prejuicios respecto de las características de los rostros de las personas, en un país como el nuestro, sumamente clasista, elitista, racista”, refirió.
En tanto, la ministra María Estela Ríos González, señaló que el uso de la fotografía es una propaganda política; incluso comparó el uso de la imagen con los reality show.
“No debemos trivializar, a mi juicio, esa situación al grado de mantenernos en ese nivel de votar al estilo de La Casa de Los Famosos (…) Es incorrecto, creo que tenemos que darles valor a las plataformas políticas, porque si no es un voto de cuál es tu artista favorito”.
La Corte también invalidó un artículo que autorizaba crear, modificar o eliminar las Salas Regionales del Tribunal Superior de Justicia mediante una ley secundaria. Esta facultad debe estar prevista directamente en la Constitución estatal para dar mayor certeza y claridad sobre la estructura del Poder Judicial.
Además, validó el sistema previsto para suplir las ausencias temporales o definitivas de las personas juzgadoras, al considerar que este mecanismo garantiza el funcionamiento adecuado y continuo del Poder Judicial estatal, protegiendo el acceso a la justicia.

Agencias