Ciudad de México.- La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) respaldó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite embargar parcialmente cuentas individuales de las Afore para cubrir pensiones alimenticias, al considerar que se trata de un fallo apegado a derecho que ofrece certeza tanto al proceso de protección de menores como al Sistema de Ahorro para el Retiro.

“Amafore celebra que esta resolución sea consistente con las leyes del Sistema y que se genere un proceso que permita proteger, al mismo tiempo, los intereses de los menores y el derecho a contar con un ahorro para la jubilación”, aseguró el organismo.
Según la asociación, la decisión de la Primera Sala de la SCJN pondera de forma correcta dos intereses en aparente conflicto, con el derecho de los trabajadores a su ahorro para el retiro y el interés superior de los menores de edad, al permitir una disposición anticipada parcial de recursos en caso de adeudos alimentarios.
Este miércoles, la SCJN informó que el fallo permite salvar la constitucionalidad del artículo 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al permitir que, cuando un deudor alimentario se encuentre desempleado y no existan otros bienes disponibles para garantizar la pensión alimenticia, se pueda embargar primero el ahorro voluntario y, si este no alcanza, el monto equivalente al retiro por desempleo que el trabajador tendría derecho a solicitar.
Amafore celebró que la resolución armonice el interés superior del menor con el marco legal vigente, creando un mecanismo que salvaguarda a la infancia sin violentar las reglas del Sistema de Ahorro para el Retiro, y garantizando un proceso claro para atender estas obligaciones de manera justa y efectiva.
“La SCJN instrumenta la posibilidad de cumplir con el interés superior del menor, en línea con la posibilidad de realizar una disposición parcial de recursos anticipada”, señaló el organismo.

Agencias

Ciudad de México.- Ministros electos iniciaron reuniones de transición el pasado lunes 23 de junio, con el fin de intercambiar opiniones y planear el nuevo esquema de trabajo que tendrá el pleno de la Corte a partir del 1 de septiembre, cuando tomen posesión.
En un comunicado conjunto, los ministros electos reconocieron que la reunión se dio de manera informal, pero con la intención de tener un primer acercamiento como equipo y prever la etapa de transición en ese órgano del Poder Judicial.
“Celebramos nuestra primera reunión de trabajo (…) en un ambiente de unidad y concordia. El espacio fue propicio para conocernos, intercambiar opiniones y planear las actividades que son indispensables atender durante la etapa de transición, así como la definición del Plan de trabajo y programa de rediseño institucional para cumplir con las disposiciones constitucionales e imprimir una nueva visión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señala.
Entre los acuerdos a los que llegaron está “reconocer la trascendencia de este momento histórico, la necesidad de construir una Corte cercana al pueblo y garantizar justicia para todos”.
Dijeron que se mantendrán atentos a las actividades que realiza la Comisión de Transición integrada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal y la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Tienen el mandato constitucional y legal de formular un plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales a los distintos órganos y áreas del Poder Judicial que garanticen la transición y la continuidad de sus actividades”, precisaron.
Fuentes consultadas entre los nuevos ministros indicaron que las reuniones seguirán, y el acercamiento entre ellos continuará para detallar todo el plan de trabajo de la nueva Corte.

Agencias

Ciudad de México.- Por violaciones al debido proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de Juana Hilda González Lomelí, condenada a 78 años de prisión por su implicación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, fallecida en marzo pasado.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala concedió a la mujer un amparo liso y llano, puesto que las pruebas clave del caso fueron obtenidas mediante tortura. Tras la sentencia dictada por la Corte, González Lomelí salió la noche de este miércoles del penal femenil de Morelos, luego de permanecer más de 19 años presa por su responsabilidad en los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
A través del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que asumió su defensa, González Lomelí interpuso un amparo directo contra la sentencia de 78 años y 9 meses de prisión que le dictó el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en octubre de 2011.
Así, en mayo de 2022 la Primera Sala resolvió ejercer la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo, mismo que concedió a González Lomelí, acusada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) de enganchar al empresario Hugo Alberto Wallace Miranda para secuestrarlo en complicidad con César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo Cruz, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín.
De acuerdo con la acusación, el 12 de julio de 2005, Juan Hilda González llevó con engaños a su departamento en la Ciudad de México a Hugo Alberto Wallace, haciéndole creer que estaba interesada en una relación romántica con él.
Sin embargo, ya en el lugar fue sometido por César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo Cruz, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, quienes los secuestraron y lo asesinaron.
Por estos hechos, Juana Hilda fue detenida en enero de 2006 y posteriormente sentenciada, con base en la investigación realizada por la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), creada por el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

Agencias