Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Eduardo Enrique Gómez García, otro de los excolaboradores del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, implicado en el desvío de recursos del sistema penitenciario federal en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, respectivamente.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, informó que el excomisionado del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS) fue capturado por agentes de la Policía Federal Ministerial en el estado de Puebla. Tenía una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, Gómez García suscribió de manera ilícita contratos de servicios para diversos penales federales que García Luna tenía a su cargo, en el periodo de diciembre de 2008 a agosto de 2013.
“Su aprehensión se logró con base en trabajos coordinados con el gabinete de seguridad del gobierno de México, como resultado de labores de inteligencia que permitieron su aseguramiento a efecto de ser presentado ante la autoridad judicial que lo requirió”, reportó Lara López en un video mensaje transmitido en redes sociales.
Eduardo Enrique Gómez García es el tercer exservidor público detenido por este caso, ya que el año pasado la Fiscalía General de la República capturó en Cuernavaca a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, también excolaborador de García Luna, quien se encuentra preso en el penal de El Altiplano, luego de que un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.
De acuerdo con las investigaciones, entre 2013 y 2015, Caballero Tardaguila posiblemente simuló contratos de adquisición de servicios para saquear recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, encargado de los centros penitenciarios federales, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas controladas por García Luna, preso en EU, según la investigación de la FGR.
Asimismo, la Fiscalía General de la República detuvo en 2025 a María Vanesa Pedraza Madrid, considerada asesora del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García.
Se le acusa de participar como apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, beneficiando, entre otros, a Genaro García Luna e integrantes de su familia. Pedraza Madrid fue vinculada a proceso y recluida en el penal federal femenil de Morelos, luego de que una jueza de Control le dictó prisión preventiva.

Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República, delegación Tijuana en Baja California, arrestó a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Tijuana.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue detenido por la Policía Federal Ministerial el sábado a las 16:37 horas en la Colonia Los Reyes, entre las calles Rey Carlos y calle Rey Baltazar en la localidad de Tijuana.
En la descripción es señalado como un hombre de la tercera edad, aproximadamente de 1.65 de altura, portaba una camisa manga larga a cuadros con chamarra gris, pantalón de vestir negro, zapatos color café, tiene bigote y cabello entre cano. La autoridad que lo tiene a su disposición es un juez federal, sin embargo, no se precisa el motivo.
Desde hace más de tres décadas Sánchez Ortega ha sido señalado como el presunto segundo tirador en el caso del asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio en 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
Los hechos ocurrieron el 23 de marzo del 1994, cuando Colosio caminaba entre los más de cuatro mil presentes y fue atacado con disparos y Mario Aburto Martínez fue capturado como el responsable de los hechos.
En esa ocasión también fue detenido Sánchez Ortega debido a que su chamarra estaba salpicada de sangre del candidato presidencial, además la prueba de rodizonato, que se utiliza para identificar a las personas que han usado un arma de fuego, dio positivo.
Posteriormente, la entonces Procuraduría General de la República lo puso en libertad, porque se estableció que el arma que habían utilizado era de Mario Aburto.

Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) va por la extradición a México del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado junto con su esposa, la actriz y conductora Inés Gómez Mont, de operar una red de empresas fantasma que desvió más de 3 mil millones de pesos durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Este martes, la FGR informó que, a través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciar el trámite ante las autoridades estadounidenses para obtener la detención provisional con fines de extradición de Álvarez Puga, quien se encuentra recluido en las instalaciones migratorias de Miami, Florida.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el 17 de octubre pasado, un juez migratorio estadounidense determinó la deportación del empresario y abogado.
Sin embargo, sus abogados, en Estados Unidos, impugnaron la orden de deportación emitida por el juez migratorio, misma que se resolverá el 12 de noviembre próximo.

¿De qué es acusado?
Mediante un comunicado, la FGR recordó que el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga cuenta con orden de aprehensión vigente por su presunta responsabilidad en los delitos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, también tiene una orden de aprehensión vigente, por defraudación fiscal, en la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR.
Indicó que, en su momento, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) solicitó a Interpol se emitiera la ficha roja de localización y la detención internacional correspondiente, la cual fue concedida, publicada y se encuentra vigente.

Agencias