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Equipan al SAT con letal arsenal

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Pueden dejar indefenso a cualquier contribuyente frente a la más mínima sospecha de estar relacionado con presuntas factureras o de haber cometido otro delito fiscal

Ciudad de México.- Todo un arsenal de facultades, casi ilimitadas y discrecionales, acumula el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para sancionar a un contribuyente en 2026, advirtieron fiscalistas.

A partir del 1 de enero, el SAT estrena nuevas “armas” que, sumadas a las que ya tenía, pueden dejar indefenso a cualquier contribuyente frente a la más mínima sospecha de estar relacionado con presuntas factureras o de haber cometido otro delito fiscal.

“Utilizando términos bíblicos, se nos vienen encima los cuatro jinetes del SATocalipsis”, dijo un analista que solicitó el anonimato.
El “armamento” incluido en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 contempla cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) que amplían facultades al SAT, entre las que destaca este póker de amenazas:
1.- El contribuyente podría ir a la cárcel si el SAT lo relaciona con una presunta facturera.

Con las nuevas disposiciones, la autoridad puede solicitar prisión preventiva oficiosa contra quien decida: basta publicar en su portal y el Diario Oficial de la Federación la lista de “factureros”.

Pero, además, el SAT podrá ir contra los clientes del presunto facturero.

De esta forma, todas las personas físicas o morales que recibieron facturas de estos supuestos infractores tendrán 30 días para revertir efectos con declaraciones complementarias.
Y es que, una vez que una empresa es declarada “facturera”, todas sus facturas son falsas y traslada el problema a sus clientes, sin importar que la operación haya sido real o no.
“Basta que esa autoridad tan sólo sospeche que un contribuyente emitió o recibió una factura que ampare una operación simulada para retirarle sus sellos digitales, lo que le impedirá seguir operando”, advirtió Gustavo Leal Cueva, socio de la firma consultora Fiscalia, Los especialistas anticipan que con la simple sospecha del SAT de que un contribuyente es emisor de facturas de operaciones simuladas (EFO), o que es receptor de ellas para deducirlas de impuestos (EDO), podrá solicitar prisión preventiva oficiosa.
La pena por este “delito” va de dos a nueve años de cárcel.
2.- El SAT podrá determinar la cancelación de sellos fiscales y el congelamiento de cuentas a quienes hayan recibido facturas del contribuyente que la autoridad declare “facturero”.

La cancelación de este sello impide a la empresa facturar.
“Y si un negocio no puede facturar o acceder a sus cuentas bancarias, simplemente se muere”, sentenció Leal Cueva.
3.- Si el SAT decreta un adeudo (crédito fiscal) a un contribuyente y éste decide interponer un recurso de revocación o juicio de nulidad contra la autoridad, el causante deberá garantizar el monto total a través de un depósito en efectivo en el Banco del Bienestar.

“Antes, el contribuyente afectado podía dejar en garantía bienes de su propiedad.
Ya no”, advirtió Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho de abogados Adame Elizondo. “Esto es durísimo”.
Carlos Ramírez Larsen, socio de Tax Controversy de la firma de consultoría Deloitte, explicó que la garantía del interés fiscal hasta ahora podía ser de múltiples formas, como pudieran ser bienes inmuebles o una fianza, pero a partir del 1 de enero deberá ser con un depósito en el Banco del Bienestar.
“Si el contribuyente carece de capacidad económica, deberá otorgar hasta donde ésta alcance y el resto deberá hacerlo con una carta de crédito de una institución financiera”, señaló. “y si la niegan, deberá presentar bienes muebles y hasta, en último caso, hipoteca”.
4.- El contribuyente que busque defenderse en los tribunales ahora lo hará ante jueces electos mediante “acordeones”.

Los expertos advierten así un escenario lleno de nubarrones.
“Si pensamos bien”, indicó otro especialista, “son facultades que promoverán el cumplimiento fiscal.
“Pero si pensamos mal, es un durísimo mecanismo de control para castigar a cualquiera que sea incómodo al régimen”, afirmó.

Agencias

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Busca el PT impuestos para grandes fortunas

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El diputado José Luis Sánchez González propuso cobrar un impuesto de hasta 3.5 por ciento anual a las grandes fortunas de mexicanos

Ciudad de México.- El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Sánchez González, propuso cobrar un impuesto de hasta 3.5 por ciento anual a las grandes fortunas de mexicanos.

Para fortunas de entre 100 y 500 millones de pesos, la tasa anual aplicable sería de 1.5 por ciento, mientras que para fortunas de 500 a mil millones de pesos sería de 2.5 por ciento y para las superiores a mil millones alcanzaría un 3.5 por ciento anual.

Según la iniciativa firmada en solitario por el legislador jalisciense, la recaudación por esa contribución se destinaría íntegramente a conformar un Fondo de Justicia Social, enfocado en la reducción de la pobreza, la atención de grupos vulnerables, el cuidado del medio ambiente, garantizar la educación inicial, básica, media superior y superior, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el acceso a vivienda digna y ciudades justas.
El impuesto, señala la iniciativa, sería una garantía para la redistribución de la riqueza.
De acuerdo con el petista, estimaciones del SAT y encuestas de riqueza sugieren que menos del 0.1 por ciento de la población estaría sujeta a esta contribución y que la reforma lograría una recaudación potencial de entre 40 mil y 60 mil millones de pesos anuales.

Como sanción para quienes incumplan con estas disposiciones, la iniciativa prevé una multa equivalente al doble de la contribución no realizada y la responsabilidad determinada en el Código Penal de la Federación.
En su exposición de motivos, el petista argumenta que en México existe una desigualdad económica severa y que el 1 por ciento de la población concentra alrededor del 30 por ciento de la riqueza nacional.

Agencias

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Hackean y roban datos al SAT e INE

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Robaron 195 millones de registros de contribuyentes mexicanos, así como padrones de votantes, credenciales de empleados públicos y archivos de organismos públicos de varios estados

Ciudad de México.- Un hacker robó 195 millones de registros de contribuyentes mexicanos, así como padrones de votantes, credenciales de empleados públicos y archivos de organismos públicos de varios estados.

El usuario burló la seguridad del chatbot de inteligencia artificial de Anthropic, Claude, y comenzó en diciembre una serie de ataques contra agencias del Gobierno mexicano durante aproximadamente un mes, según investigadores en ciberseguridad.

En total, robó 150 gigabytes de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Nacional Electoral (INE), de los gobiernos estatales de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, así como del Registro Civil de la Ciudad de México y del servicio de agua y drenaje de Monterrey.
El hacker escribió indicaciones en español para que el chatbot actuara como un hacker de élite: encontrara vulnerabilidades en redes gubernamentales, escribiera scripts para explotarlas y determinara cómo automatizar el robo de datos, señaló la startup israelí de ciberseguridad Gambit Security en una investigación publicada ayer.
Claude inicialmente advirtió al usuario desconocido sobre una posible intención maliciosa durante su conversación sobre el Gobierno mexicano, pero finalmente cumplió con las solicitudes del atacante y ejecutó miles de comandos en redes informáticas gubernamentales, indicaron los investigadores.

Funcionarios mexicanos emitieron en diciembre un breve comunicado en el que dijeron que investigaban intrusiones en varias instituciones públicas, aunque no está claro si estaban relacionadas con el ataque vía Claude.
El INE dijo que no había identificado brechas ni accesos no autorizados en meses recientes y que había reforzado su estrategia de ciberseguridad. El SAT también aseguró que no se identificaron accesos ilegítimos a su base de datos. En tanto, el Gobierno de Jalisco negó haber sido vulnerado.

Agencias

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Debe CFE comprobar 29 mdp por compra de autos nuevos

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La extinta CFE Distribución firmó cinco contratos por 7 mil 136.9 millones de pesos para comprar 9 mil 755 vehículos

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no comprobó el gasto de 29 millones 951 mil pesos por la compra de casi 5 mil vehículos nuevos, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el tercer informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2024.

La extinta CFE Distribución firmó cinco contratos por 7 mil 136.9 millones de pesos para comprar 9 mil 755 vehículos nuevos.

En tres de los contratos, por 4 mil 811 millones de pesos para 6 mil 549 vehículos, la empresa eléctrica no pudo comprobar con documentos operaciones por 29 millones 951 mil pesos.
La Auditoría señaló que CFE no cumplió con la recomendación de la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados sobre realizar un procedimiento por concurso abierto para adjudicar un contrato para la compra de todos los vehículos.
De igual manera, tres empresas evaluadas como posibles proveedores que participaron en la investigación de condiciones de mercado cuando no debían hacerlo, pues no pertenecían al mercado de autos, señaló la Auditoría.

“Se presentaron deficiencias en todo el procedimiento de adjudicación como la falta de evidencia del envío de la documentación de los asuntos por tratar a los integrantes del Subcomité de Excepciones al Concurso Abierto en Materia de Bienes y Servicios.
“No se aclaró el señalamiento realizado en los dictámenes económicos, respecto de que los precios cotizados por los proveedores adjudicados eran iguales a los ofertados en su cotización enviada en la Investigación de Condiciones de Mercado, cuando no participaran en dicha investigación”, expuso la ASF.
La ASF señaló que en 15 facturas el sello de recepción de los bienes no contaba con nombre ni Registro Permanente de Empleado (RPE) de quien las recibió, y 2 mil 363 dictámenes de verificación técnica no se llenaron correctamente.
Adicionalmente, en 20 casos la entrada de almacén no coincidió con la fecha de recepción de los bienes.
La Auditoría también detectó que CFE Distribución cometió irregularidades en las obras de subestaciones, líneas de transmisión y obras de construcción y conexión de redes para el Tren Maya.
En este caso, la empresa eléctrica emitió una factura que no cumplía con los requisitos fiscales, señaló la Auditoría, aunque el monto no fue especificado.
De igual manera, la empresa eléctrica subcontrató obras que superaron el 49 por ciento que se había establecido en dos convenios.
Por estas acciones, la ASF promovió dos responsabilidades de sanciones administrativas.

Agencias

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