Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que fue formulada imputación en contra de Daniel Jesús “N”, agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), por su probable responsabilidad en delitos contra la procuración y administración de justicia cometidos por servidores públicos.
De acuerdo con la autoridad ministerial, el imputado habría alterado la escena del crimen relacionada con el homicidio del empresario y exdiputado local del PAN, Enrique Orozco Oceguera, ocurrido en San Luis Río Colorado.
Presuntamente, el agente destruyó documentación que se encontraba al interior del inmueble donde se perpetró el asesinato.
Durante la audiencia inicial, celebrada tras la ejecución de una orden de aprehensión, el Ministerio Público presentó los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso.
La defensa del acusado solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia continuará el próximo 23 de febrero a las 14:00 horas.
En tanto, el Juez de Control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La Fiscalía estatal reiteró que actuará con rigor ante cualquier conducta que atente contra la correcta procuración de justicia, aun cuando los señalados formen parte de la propia institución.
El homicidio
El empresario Enrique Orozco Oceguera fue asesinado la tarde del martes 17 de febrero al interior de su establecimiento, dedicado a la venta de equipos e insumos para el tratamiento y purificación de agua.
Los hechos se registraron minutos antes de las 16:00 horas en un local ubicado sobre la avenida Libertad, entre calles 12 y 13, en San Luis Río Colorado.
Información preliminar indica que un sujeto ingresó al negocio y exigió al propietario abrir la caja fuerte; ante la negativa, el agresor le disparó.
Elementos de distintas corporaciones policiacas y paramédicos acudieron tras el reporte de detonaciones, pero al arribar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada para el procesamiento por parte de Servicios Periciales, mientras agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes.
Perfil del empresario
Además de su actividad en el ramo de sistemas para el tratamiento de agua, Orozco Oceguera tuvo participación activa en la vida pública local. Fue impulsor del Parque Industrial de San Luis Río Colorado y formó parte del Consejo Consultivo del organismo operador del agua.
Economista de formación, también incursionó en la política, donde dirigió por un periodo al panismo local y se desempeñó como analista y columnista del periódico Tribuna de San Luis, espacio desde el cual expresó de manera constante sus posturas sobre temas económicos y políticos del municipio y del estado.
Las autoridades mantienen abierta la investigación tanto por el homicidio como por la presunta alteración de la escena del crimen.

Agencias

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Sonora, en procedimiento abreviado, obtuvo sentencia condenatoria en contra de tres personas, por los delitos de cohecho y albergue de migrantes, previsto y sancionado en la Ley de Migración.
De acuerdo con la carpeta de investigación, en inmediaciones de la colonia Hombres Blancos en Sonoyta, Sonora, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a Gildardo “B”, Daniel “V” y José “G”, por haber albergado a 36 migrantes, originarios de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán, con la finalidad de evadir a las autoridades migratorias y obtener un lucro indebido.
Tras realizar diversas diligencias, el Ministerio Público Federal (MPF) en Sonora aportó las pruebas necesarias para que el juez dictara una pena de 10 años seis meses de prisión.
Además, estableció una multa de cinco mil días de multa que equivalen a 586 mil 550 pesos mexicanos, basados en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario establecido por el INEGI.

Agencias

Hermosilllo, Sonora.- Los pilotos mexicanos Rafael Guadalupe Rocha Benítez y Francisco Javier Denis Dueñas permanecen privados de su libertad desde hace seis años y nueve meses en Coro, estado Falcón, Venezuela, sin que hasta la fecha exista una sentencia firme ni se haya celebrado su audiencia preliminar.
Ambos fueron detenidos tras realizar un aterrizaje de emergencia el 28 de abril de 2019 en el aeropuerto José Leonardo Chirinos, luego de una falla mecánica en la aeronave que pilotaban.
De acuerdo con sus familiares, lo que inició como una maniobra para salvar la vida de los tripulantes derivó en un proceso judicial marcado por presuntas irregularidades, extorsión y un prolongado retardo procesal.
Desde Caborca, Sonora, Annette Rocha, hermana de Rafael Guadalupe Rocha, hizo un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al canciller Juan Ramón de la Fuente, para que intervengan diplomáticamente y logren la deportación y repatriación de ambos connacionales.
Los pilotos fueron acusados de tráfico ilícito de estupefacientes, asociación para delinquir e invasión de espacio aéreo, señalamientos realizados por el entonces fiscal antidrogas Eddi Parra. Sin embargo, sus familiares aseguran que nunca se encontró droga en la avioneta decomisada y denuncian que el fiscal les habría exigido hasta 500 mil dólares y posteriormente cifras mayores a cambio de no formular acusaciones graves y concederles la libertad, propuesta que los detenidos rechazaron por no contar con esos recursos.
La aeronave, pieza clave del proceso, fue vendida de manera anticipada pese a que la ley venezolana prohíbe disponer de bienes asegurados sin una sentencia definitivamente firme.
Dicha autorización fue otorgada por un juez de Coro, quien después fue detenido por hechos de corrupción, según denuncian los familiares.
Desde 2019, el caso ha acumulado más de 40 audiencias diferidas, juicios interrumpidos y constantes retrasos, mientras los pilotos permanecen recluidos.
Sus madres, esposas e hijos aseguran vivir una situación de angustia permanente ante la falta de respuestas tanto de las autoridades venezolanas como de instancias diplomáticas.
En un testimonio público, Francisco Javier Denis afirmó que el vuelo partió de México con plan de vuelo autorizado y que el desvío se debió a condiciones climáticas extremas y a una falla en el motor por filtración de agua en el tanque de combustible. “Aterrizar en Coro fue una decisión para seguir con vida”, declaró, al tiempo que negó categóricamente cualquier vínculo con actividades ilícitas.
Los familiares insisten en que Venezuela ha comenzado a liberar y deportar a ciudadanos extranjeros detenidos, por lo que consideran inadmisible que los pilotos mexicanos sigan “olvidados”.
“No pedimos privilegios, solo justicia y la aplicación de la ley”, concluyen, reiterando su llamado al Gobierno de México para una intervención urgente.

Agencias