Es uno de los mayores casos de lavado de dinero de la última década en México
Ciudad de México.-
La Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron uno de los mayores casos de lavado de dinero de la última década en México y que asciende a casi 10 mil millones de pesos en un periodo de menos de tres años.

La suma se encuentra en el rango del presupuesto que tiene asignado para este año la Secretaría de Relaciones Exteriores, que asciende a 9 mil 294 millones de pesos, o de Gobernación, que es de 9 mil 959 millones de pesos.

El caso corresponde a las operaciones de las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, algunas de ellas declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como “factureras” en forma definitiva.
De acuerdo con una indagatoria de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), sólo en los periodos del 3 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018 y del 8 de julio al 30 de octubre de 2019 estas razones sociales registraron 17 mil 566 depósitos por 9 mil 631.8 millones de pesos.
Y en el mismo periodo hicieron 55 mil 644 retiros por 9 mil 629.4 millones de pesos, varios de ellos a través de movimientos en favor de cientos de personas físicas y morales, algunas también incluidas por el SAT en su lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
Por el volumen de recursos, la FEMDO solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informar si las empresas tenían antecedentes o autorización para realizar operaciones de centros cambiarios o de transmisión de dinero “No se encontró ninguna entidad financiera bajo las denominaciones Optimización Dalga, Lovies, OHAT y Grupo Taurs Soluciones en Tecnología e Ingeniería, no existe ningún antecedente o autorización”, respondió el 10 de enero de 2024.
La investigación establece que las empresas fueron constituidas en 2015 ante Notarios Públicos de la Ciudad de México y del Edomex. En las tres empresas aparece el nombre de Vicente Estrada Viveros.
En Optimización Dalga, en la que figuran como accionistas Diana Luz Torres García y Francisco Manuel González Rodal, Estrada aparece como apoderado.
En Lovies es accionista, al igual que Rafael Solano López, aunque en esta empresa la administradora es Claudia Guzmán Salazar.
Y en OHAT, Estrada es también apoderado legal, mientras que Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila aparecen como accionistas y este último además como administrador.
Las empresas registraron operaciones con personas físicas de la Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.
Fuentes federales informaron que la FGR ya llevó este caso ante un juez y está a la espera de llevar a cabo una audiencia para imputar a las seis personas mencionadas por el delito de lavado de dinero.
Por el monto, este es uno de los tres casos judiciales más relevantes de lavado de activos, ya que sólo está por detrás del asunto de Juan Carlos Minero Alonso, presidente de Black Wallstreet Capital, procesado por el blanqueo de 15 mil millones de pesos entre 2014 y 2022.
El tercer expediente de alto perfil que fue judicializado es el de Manuel Rodolfo Trillo Hernández “La Trilladora”, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, a quien le imputaron el blanqueo de 6 mil 119.8 millones de pesos de 2013 a 2018.

Agencias

Ciudad de México.- Los adeudos de grandes contribuyentes se redujeron durante los primeros meses del año, cuando Grupo Salinas llevó a cabo el pago más grande en la historia por un caso fiscal.
Los corporativos y transnacionales tenían cuentas pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 1.1 billones de pesos al finalizar marzo, una disminución de 54 mil millones o 4.5% en comparación con el cierre del año pasado.
Se trata de la baja más pronunciada desde principios de 2023, cuando los adeudos descendieron 77 mil millones de pesos o 12.3%, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda.
Los grandes contribuyentes concentraron 36% del total de adeudos fiscales, cuyo saldo alcanzó un máximo histórico de 3.2 billones de pesos en marzo.
El organismo, que tiene como jefe a Antonio Martínez Dagnino, detalla que los grandes contribuyentes son aquellas empresas que facturan más de mil 800 millones de pesos al año y el padrón asciende a 15 mil 425 activos.
El pasado 29 de enero, el SAT dio a conocer que Grupo Salinas desembolsó, de forma inmediata, 10 mil 400 millones de pesos, de un adeudo total de 32 mil 132 millones, operación que fue calificada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como “el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo”.
El acuerdo contempla que el monto restante sea cubierto mediante 18 pagos mensuales, después de años de controversias y una resolución de la Suprema Corte en noviembre de 2025.
El conglomerado, que encabeza Ricardo Salinas Pliego, dijo estar en desacuerdo con el adeudo, pero los pagos buscan “poner fin a la sistemática campaña en nuestra contra”.

Multas y recargos
En términos generales, cuando un contribuyente alcanza un acuerdo con el SAT se observa una reducción efectiva del adeudo total, no porque desaparezca el crédito principal, sino por la disminución de accesorios como multas y recargos, con fundamento en los artículos 66 y 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF), dijo el fiscalista de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), Jesús Ambriz.
“El convenio detiene o controla el crecimiento del adeudo y brinda certeza jurídica”, explicó en entrevista.
Por el contrario, cuando no se llega a un arreglo, el crédito fiscal sigue incrementándose conforme a la ley: se actualiza por inflación (artículo 17-A del CFF), genera recargos por mora (artículo 21), puede acumular multas (artículos 70 y 76) y entra en fase de ejecución (artículos 145 a 151), lo que añade gastos y presión patrimonial.
“El sistema fiscal está diseñado para que el contribuyente enfrente dos escenarios: regularizarse con una carga controlada y previsible, o mantener el litigio con un adeudo creciente y mayores riesgos económicos y jurídicos”, indicó.

Entorno alterado
Desde su punto de vista, la modificación al artículo 141 del CFF no determinó el resultado del caso Grupo Salinas, pero sí alteró el entorno jurídico-estratégico en el que se desarrolló.
“Su principal implicación fue elevar el costo de resistir el cobro fiscal, fortaleciendo la posición del Estado y favoreciendo soluciones negociadas. La posterior flexibilización normativa confirma la necesidad de equilibrar la eficacia recaudatoria con el respeto a los derechos fundamentales”, señaló.
Dijo que el deudor puede pagar hasta 36 parcialidades, o excepcionalmente 60, siempre que cumpla con las condiciones establecidas.
“Si no puede pagar o incumple, el beneficio se cancela y la autoridad fiscal puede exigir el total del adeudo, ejecutar garantías y proceder al embargo, conforme al CFF”, explicó.
“En términos prácticos: el convenio ofrece una salida ordenada, pero su incumplimiento activa de inmediato el máximo nivel de presión recaudatoria del Estado”, advirtió Jesús Ambriz.

Pleitos en tribunales
Del total de créditos fiscales, 63% son adeudos controvertidos que no pueden ser objeto de acciones de cobro debido a que los contribuyentes promovieron medios de defensa, como en su momento fue el caso de Grupo Salinas.
En tanto, 22% son factibles de cobro y 15% se dan por perdidos porque tienen que ver con deudores insolventes, no localizados y en comprobación de incobrabilidad.
A diferencia de gobiernos pasados, en los que había programas de condonación con borrón y cuenta nueva, la gestión de Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por recuperar adeudos detectados por impuestos que se pagaron a tiempo, pero no en forma.
Con ese objetivo, impulsó en 2019 la reforma penal fiscal y negoció con las grandes empresas y bancos el pago correcto de manera voluntaria o mediante convenios reparatorios.
En 2020, en plena pandemia, el fisco logró la firma de los primeros 11 convenios y la recuperación de 33 mil millones de pesos de los casos más sonados, por tratarse de corporativos de alto perfil, extranjeras, marcas famosas y con acciones en la Bolsa Mexicana de Valores que, junto con otras acciones, permitió que el monto subiera a 78 mil millones.

Agencias

La Mandataria federal advirtió que continuará la colocación de lonas en las estaciones de servicios
Ciudad de México.-  La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el Gobierno federal podría escalar acciones contra gasolineros que venden diésel por arriba de los 28 pesos, incluso con la intervención del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Tras sostener que no existe justificación para esos precios, la Mandataria federal advirtió que continuará la colocación de lonas en las estaciones de servicios que rebasen los topes voluntarios de 24 pesos para la gasolina Magna y los 28 pesos para el diésel.

“No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras, no tiene razón de ser”.
“Se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel y, sin embargo, muchos gasolineros están poniendo el precio del diésel muy alto, entonces ahora estamos con lonas, pero también vamos a hacer toda la revisión de por qué es esta razón con el SAT y con todas las instituciones que tiene el Gobierno de México”, advirtió la Presidenta.
De acuerdo con datos presentados en la mañanera por Profeco, el precio promedio nacional del diésel se ubicó en 28.50 pesos al 18 de abril, con un 34.50 por ciento de estaciones que venden el combustible por encima de 28.51 pesos.

El titular de Profeco, Iván Escalante, informó que el 54.06 por ciento de las estaciones vende el diesel en menos de 28.28 pesos, mientras que un 11.44 por ciento lo comercializa entre 28.29 y 28.50 pesos.
Con ello, indicó, alrededor del 65 por ciento de las estaciones se ubica por debajo de 28.50 pesos, aunque persiste un 34.50 por ciento que supera ese nivel.
Escalante detalló que el Gobierno mantiene mesas de trabajo permanentes con empresarios gasolineros para reducir el precio promedio hasta llegar a los 28 pesos.
El funcionario señaló que como parte de la estrategia se han realizado 44 visitas de verificación y se han colocado 14 lonas en estaciones que rebasan el margen considerado.
Explicó que previo a la colocación de las lonas se solicita información a los proveedores para justificar sus precios y, en caso de inconsistencias en los márgenes de ganancia, se procede a exhibirlos.
La Presidenta adelantó que mañana martes sostendrá una reunión con gasolineros y reiteró que no pueden mantener precios elevados en un contexto de apoyo público al combustible.
“Mañana nos reunimos y no pueden estarse pasando en este precio que representa un impacto a todo el transporte de mercancías en el país”, sostuvo.
Sheinbaum agregó que el precio del petróleo mexicano ha disminuido, al pasar de 100 a 88 dólares, por lo que incluso se analiza con la Secretaría de Hacienda la posibilidad de reducir aún más el precio del diésel.

Agencias