Hermosillo, Sonora.- Con gran indignación padres de niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC, informaron que de nuevo, con aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fueron reducidas las condenas a personas sentenciadas por el siniestro ocurrido hace 16 años, en Hermosillo, Sonora.

Tras la tragedia ocurrida el 5 de junio del 2009, donde murieron 49 niños y niñas, y decenas de menores resultaron lesionados, en un inicio había 32 personas procesadas.

Se incluía a funcionarios de alto rango de los tres niveles de gobierno-, la lista se depuró a 22, a unos los sacaron por sentencia absolutoria por un juez y a otros por sobreseimiento y haberse declarado extinguida la acción penal, por el perdón otorgado a su favor por los ofendidos.

El 13 de mayo del 2016, el Juez Primero de Distrito en Hermosillo, dictó condenas de 20 años a 28 años 5 meses de prisión a 19 de 22 personas procesadas por el incendio de la guardería ABC.

Tras amparos y apelaciones, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, solicita en marzo de 2018 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la atracción de estos amparos por la trascendencia del caso a nivel Nacional e Internacional. En marzo del 2019 admite a trámite los amparos y resuelve en abril de 2022, reduciendo penas y exonerando procesados de la causa penal.

El Tercer Tribunal Unitario dicta nuevas sentencias en cumplimiento a SCJN con fechas de abril y mayo de 2022.

Actualmente solo hay 10 sentenciados

Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, socios de la Guardería ABC, fueron condenados a 5 años 7 meses de prisión, cada uno y están con orden de reaprehensión vigente.

Roberto Copado Gutiérrez, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, tiene una pena de 5 años y 7 meses.

Arturo César Leyva Lizárraga, delegado Estatal del IMSS en Sonora, 5 años y 7 meses; purgó su condena en su domicilio.

Fausto Salazar Gómez, director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, condenado a 5 años y 7 meses.

Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, condenado a 4 años y 9 meses.

Martín Francisco Lugo Portillo, jefe del Departamento de Bomberos, condenado a 5 años y 7 meses; Arturo Dávila Pacheco, Segundo comandante de Bomberos a 5 años y 7 meses de prisión.

Arturo Torres Escalante, encargado de la bodega de Hacienda del Estado, sentenciado a 4 años y 9 meses.

Por último, Nohemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías del IMSS, sentenciada a 8 años y 10 meses. Se entregó a la justicia en forma voluntaria en junio del 2024.

Denuncian corrupción en la justicia

Patricia Duarte y José Francisco Quintana, padres del menor fallecido Andrés Alonso y representantes de la Asociación Cinco de Junio, denunciaron que la corrupción en el Poder Judicial se encuentra enraizada, pues la mayoría de los responsables fueron absueltos y aún continúan interponiendo recursos para dilatar la aplicación de la justicia.

A pesar de que se emitieron las sentencias años atrás, apenas conocen la nueva situación jurídica, derivada de tres amparos indirectos con números: 12/2024-I, 13/2024 y 14/2024 promovidos por el defensor particular de Antonio Salido Suárez, Martin Francisco Lugo Portillo y Arturo Dávila Pacheco que se iniciaron en trámite en Tribunal de Apelación del Quinto Circuito, respecto a la competencia de que juez ejecutaría las nuevas sentencias dictadas en cumplimiento a lo resuelto por la primera Sala de la SCJN.

Si la competencia derivaba del Juez de Ejecución Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal o el Juez del Juzgado Primero de Distrito (El Juzgado que ha conocido el Expediente Penal del caso desde su origen en el año 2009).

En 2024, aún no se resolvían debido a trámites burocráticos de la impartición de justicia, que turnó este conflicto de competencia con número 29/2023 a un Tribunal colegiado de Apelación en Baja California del Décimo Quinto Circuito y que apenas con fecha de 29 de abril de 2025 se trasladó dicha resolución al Juzgado Primero de Distrito, “pero nosotros nos enteramos con fecha 28 de mayo del presente año”, dijo Patricia Duarte.

La resolución del Tribunal Colegiado de apelación de Baja California fue turnada para su cumplimiento por el Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito, firmada por la magistrada ponente de nombre Alba Lorenia Galaviz Ramírez.

Resolvió declarar competente al Juez Primero de Distrito para seguir conociendo del procedimiento de ejecución derivado de la causa penal 126/2009 respecto a beneficio de condena condicional, sustitutivos de sanciones, multa, amonestación, suspensión de derechos políticos y civiles, decomiso, destrucción de bienes, suspensión destitución e inhabilitación en cargos públicos.

Pero, para conocer exclusivamente de la pena de prisión impuesta, así como de su modificación y duración declara competente a Juzgado de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de Ciudad de México en Turno.

Patricia Duarte y Francisco García Quintana, hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que dé una audiencia a los padres de las víctimas del incendio a fin de ver el avance del caso y la implementación de la Ley 5 de Junio.

Invitaron a población a unirse a la manifestación este 5 de junio a las 18.00 horas, desde las ruinas de la Guardería ABC, hasta las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora donde emitirá un manifiesto a la nación.

Agencias