Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Sonora, en procedimiento abreviado, obtuvo sentencia condenatoria en contra de tres personas, por los delitos de cohecho y albergue de migrantes, previsto y sancionado en la Ley de Migración.
De acuerdo con la carpeta de investigación, en inmediaciones de la colonia Hombres Blancos en Sonoyta, Sonora, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a Gildardo “B”, Daniel “V” y José “G”, por haber albergado a 36 migrantes, originarios de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán, con la finalidad de evadir a las autoridades migratorias y obtener un lucro indebido.
Tras realizar diversas diligencias, el Ministerio Público Federal (MPF) en Sonora aportó las pruebas necesarias para que el juez dictara una pena de 10 años seis meses de prisión.
Además, estableció una multa de cinco mil días de multa que equivalen a 586 mil 550 pesos mexicanos, basados en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario establecido por el INEGI.

Agencias

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la policía municipal y estatal de Sonora, lograron la detención de una persona y el aseguramiento de 15 cajas con cartuchos.
Los efectivos incautaron un tractocamión con un semirremolque, con tres vehículos tipo sedán, así como 17 mil 700 cartuchos (15 cajas con mil cartuchos calibre 7.62×39 mm en cada caja, y dos cajas con mil 350 cartuchos calibre 5.56×45 mm en cada caja).
La persona detenida y los efectos asegurados fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación. La Marina reiteró su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas y su determinación para continuar trabajando en coordinación con las fuerzas federales, estatales y municipales para velar por la seguridad.

Agencias

Hermosillo, Sonora.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora sancionó con 50 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 134 millones 895 mil 183 pesos al exfuncionario Juan Alán “N”, tras acreditarse su responsabilidad en actos de peculado cometidos durante su gestión administrativa en el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop).
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado informó que la sanción deriva de una denuncia ciudadana por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
A partir de esta, la Subsecretaría de Investigación abrió un expediente de presunta responsabilidad administrativa, realizando comparecencias, análisis documental y auditorías financieras.
Como resultado de las diligencias, se obtuvieron elementos suficientes para acreditar conductas graves, por lo que se integró un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el cual fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
El pasado 20 de enero, el Tribunal resolvió imponer la sanción máxima administrativa, confirmando la investigación y la imputación realizadas por la dependencia estatal.
La Secretaría Anticorrupción subrayó que el Buen Gobierno implica rendición de cuentas, responsabilidad y cero tolerancia frente a cualquier acto que atente contra el derecho de la ciudadanía a un gobierno honesto.

Responsabilidad penal y red de peculado
En el ámbito penal, el 8 de septiembre del 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que se llevó a cabo la audiencia de imputación en contra de Andrea Fernanda “N”, señalada por el delito de enriquecimiento ilícito, derivado de su participación en un esquema de peculado en perjuicio del Cecop, presuntamente cometido junto con su cónyuge, Juan Alán “N”, quien actualmente permanece prófugo de la justicia.
La Fiscalía detalló que Andrea Fernanda “N” ya se encontraba vinculada a proceso por el delito de peculado, por lo que se ejercitó acción penal adicional por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la investigación ministerial, la imputada habría participado de manera activa en el ocultamiento y movimiento de recursos públicos desviados, cuyo monto supera los 106 millones de pesos.
Entre los bienes y gastos identificados durante la investigación destacan una residencia en un fraccionamiento de alta plusvalía, el pago de una boda realizada en 2025 en el complejo Los Lagos con cientos de invitados, así como transferencias bancarias efectuadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025 desde cuentas a nombre de su cónyuge.
Las autoridades informaron que ya se han asegurado bienes y cuentas bancarias, y que continúan las diligencias para documentar otras adquisiciones presuntamente obtenidas con recursos de origen ilícito.
La FGJE reiteró que mantiene activa la búsqueda y localización de Juan Alán “N”, señalado como principal responsable del desvío de recursos públicos, y aseguró que continuará informando sobre los avances del caso conforme lo permitan los tiempos procesales.

Agencias