Ciudad de México.- En México, el nivel de lactancia materna es de 34%, un porcentaje bajo en comparación con otros países latinoamericanos donde es del 43%, debido a la falta de apoyo de empresas y del sector público.
La lactancia, la maternidad y paternidad son un reto importante en el país, porque tiene que ver con causas estructurales y culturales que requieren mucha atención, dijo Paloma Infestas, gerente titular de Educación de Fundación Coppel.
Sobre todo, porque se considera que las mujeres deben de tener la responsabilidad del cuidado de los menores y “el problema es que muchas no cuentan con esos apoyos”, así que “una vez que piden licencia de maternidad ya no regresan a trabajar”, expuso.
Y ya no vuelven a laborar porque no hay suficientes esquemas de apoyo de las empresas como convenios con guarderías, además de que en la administración gubernamental federal pasada se desaparecieron las estancias infantiles, lo que fue un problema.
Explicó que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) hicieron una encuesta llamada “Empresas que cuidan” y encontraron que hay una baja cantidad de mujeres en los trabajos porque deben cuidar a los hijos y no hay apoyos para la lactancia.
Ante esa situación señaló que se deben impulsar políticas a favor de las madres en temas de licencias de maternidad, flexibilidad de horarios, acceso a salas de lactancia y de cuidado infantil para los hijos.

Salas de lactancia
Lo que implica una sensibilización para tener estos espacios y usarlos, porque en la encuesta se encontró que 65% de las empresas tienen salas de lactancia, sobre todo las grandes empresas, “pero el problema es que está la sala de lactancia y no se usa, porque los líderes no están sensibilizados y no dejan a las madres lactar en sus horarios permitidos o, a veces, porque ni siquiera las colaboradoras conocen esas políticas, es decir, en el fondo no conocen sus derechos laborales y nos los piden”.
Infestas dijo que las empresas también deberían dar a conocer a los padres que ellos tienen derecho a tomar cinco días hábiles cuando tienen un hijo.
“A veces muchos hombres ni siquiera se toman esos días porque no saben, porque las empresas no les informan, porque desconocen las políticas. Entonces, seguimos estando bastante rezagados en el tema de la corresponsabilidad de los padres”, añadió.
Los hombres también deben ser cuidadores de los hijos, deben ser parte de la crianza, añadió.
Otro de los problemas que se encontró en empresas establecidas en México es que el 27% de las empresas ni siquiera sabe si sus empleados son papás o mamás; mientras que el 73% sí lo sabe.
A pesar de ello, se encontró que el 70% de los entrevistados dicen que sí hay flexibilidad para aquellos padres o madres que requieran un permiso para atender a sus hijos en citas escolares y médicas.
Explicó que como parte de la Red de la Primera Infancia que es parte del CCE buscan empujar políticas “ayudando a que más empresas aprendan de cómo medir, dar seguimiento y de cómo ir empujando estas políticas a favor de la familia y el cuidado infantil”, con datos se pueden ir ajustando las acciones para corregir en el camino.

Agencias

Ciudad de México.- La Comisión de Economía del Senado de la República recibió información de que, presuntamente, diversos contratos de pequeñas y medianas empresas del sector restaurantero, firmados con la plataforma Uber Eats, podrían generar prácticas anticompetitivas por sus cláusulas de exclusividad y condiciones comerciales restrictivas.
Empresarios que se acercaron a la comisión aseguraron que estos contratos incluyen incentivos económicos iniciales de hasta 4 millones de pesos, con una duración contractual de hasta tres años.
No obstante, señalan que una vez firmados los convenios pueden imponerse obligaciones adicionales, como contratar publicidad en la plataforma, participar en promociones determinadas unilateralmente y ceder parte de los ingresos de dichas campañas.
El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, argumentó que en correspondencia con la Ley Federal de Competencia Económica se vinculan las atribuciones de posibles actos en relación con el tema a la Comisión Nacional Antimonopolio, dado que este organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía, con autonomía de gestión e independencia técnica y operativa en sus decisiones (…) es el encargado de garantizar la libre concurrencia y competencia económica en todos los mercados del país.
Agencias

Ciudad de México.- Al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, le restan cinco meses para cumplir la condena de 9 años de prisión que se le dictó por su responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso del desvío de millones de pesos del erario estatal.
Por ello, su defensa solicitó a la jueza de ejecución de sanciones del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Ángela Zamorano Herrera, la libertad anticipada del expriísta, al haber cumplido el 95% de su sentencia.
Petición que la jueza federal resolverá el próximo miércoles, en audiencia en el Reclusorio Norte.
En una diligencia celebrada el lunes pasado, los abogados de Duarte de Ochoa expusieron a la jueza Zamorano Herrera, que el político veracruzano cumple los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal, y suma más de 3 mil 125 días preso en el Reclusorio Norte, de los 3 mil 285 de su castigo, es decir, ya compurgó el 95.04 por ciento de la condena, indicaron fuentes judiciales.
Indicaron que han certificado su buena conducta, pues ha cumplido con el plan de actividades de los internos para su reinserción, tomado cursos e impartido clases en el centro penitenciario de la Ciudad de México.
Además de que ya se cancelaron o se dejaron sin efecto los otros cuatro procesos penales que se le iniciaron en el fuero federal y común.
Cabe recordar que, en abril de 2013, el proceso penal por el delito de peculado contra Duarte de Ochoa, iniciado por la Fiscalía de Veracruz, fue anulado.
Además, en el de desaparición forzada, le dictaron la no vinculación a proceso el 14 de noviembre de 2024; y la causa penal por incumplimiento del deber legal, fue anulada el 23 de abril de 2025 porque el delito ya estaba prescrito.
En el fuero federal tenía una orden de aprehensión pendiente por delito electoral, pero nunca le fue ejecutada porque la acusación no quedó establecida en la orden de extradición acordada entre México y Guatemala.

Agencias