La extinta CFE Distribución firmó cinco contratos por 7 mil 136.9 millones de pesos para comprar 9 mil 755 vehículos

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no comprobó el gasto de 29 millones 951 mil pesos por la compra de casi 5 mil vehículos nuevos, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el tercer informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2024.

La extinta CFE Distribución firmó cinco contratos por 7 mil 136.9 millones de pesos para comprar 9 mil 755 vehículos nuevos.

En tres de los contratos, por 4 mil 811 millones de pesos para 6 mil 549 vehículos, la empresa eléctrica no pudo comprobar con documentos operaciones por 29 millones 951 mil pesos.
La Auditoría señaló que CFE no cumplió con la recomendación de la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados sobre realizar un procedimiento por concurso abierto para adjudicar un contrato para la compra de todos los vehículos.
De igual manera, tres empresas evaluadas como posibles proveedores que participaron en la investigación de condiciones de mercado cuando no debían hacerlo, pues no pertenecían al mercado de autos, señaló la Auditoría.

“Se presentaron deficiencias en todo el procedimiento de adjudicación como la falta de evidencia del envío de la documentación de los asuntos por tratar a los integrantes del Subcomité de Excepciones al Concurso Abierto en Materia de Bienes y Servicios.
“No se aclaró el señalamiento realizado en los dictámenes económicos, respecto de que los precios cotizados por los proveedores adjudicados eran iguales a los ofertados en su cotización enviada en la Investigación de Condiciones de Mercado, cuando no participaran en dicha investigación”, expuso la ASF.
La ASF señaló que en 15 facturas el sello de recepción de los bienes no contaba con nombre ni Registro Permanente de Empleado (RPE) de quien las recibió, y 2 mil 363 dictámenes de verificación técnica no se llenaron correctamente.
Adicionalmente, en 20 casos la entrada de almacén no coincidió con la fecha de recepción de los bienes.
La Auditoría también detectó que CFE Distribución cometió irregularidades en las obras de subestaciones, líneas de transmisión y obras de construcción y conexión de redes para el Tren Maya.
En este caso, la empresa eléctrica emitió una factura que no cumplía con los requisitos fiscales, señaló la Auditoría, aunque el monto no fue especificado.
De igual manera, la empresa eléctrica subcontrató obras que superaron el 49 por ciento que se había establecido en dos convenios.
Por estas acciones, la ASF promovió dos responsabilidades de sanciones administrativas.

Agencias

Ciudad de México.- Grupo Elektra informó que concluyó la totalidad de sus litigios fiscales con el gobierno federal y que no mantiene adeudos bajo ningún concepto. Sin embargo, reportó una pérdida neta en el cuarto trimestre de 2025 derivada de una provisión por impuestos relacionada con esos créditos fiscales.
“Elektra ha concluido la totalidad de sus litigios fiscales y no debe nada al gobierno de México bajo ningún concepto. Como siempre lo hemos hecho, cumplimos con el pago de nuestras obligaciones y, con ello, seguimos cumpliendo con nuestro compromiso con el país. Grupo Elektra siempre ha sido y será un aliado de los mexicanos”, dijo la firma en su reporte financiero al cuarto trimestre de 2025.
La empresa detalló que, aunque estaba en desacuerdo con el monto exigido por la autoridad, decidió cubrirlo para cerrar el capítulo y enfocarse en la operación. La provisión por impuesto sobre la renta ascendió a 23 mil 261 millones de pesos en el trimestre, con lo que se liquidaron los créditos fiscales y se puso fin a los litigios.
En el cuarto trimestre, Elektra registró una pérdida neta de 19 mil 859 millones de pesos, frente a una pérdida de 11 mil 656 millones en igual periodo de 2024. El resultado contrasta con el desempeño operativo, que mostró crecimiento en ingresos y flujo.
Los ingresos consolidados sumaron 58 mil 859 millones de pesos, un alza de 2% anual. El flujo fue de 7 mil 816 millones de pesos, 5% superior al del año previo, con margen de 13%. La utilidad de operación se ubicó en 4 mil 851 millones de pesos, ligeramente menor a los 4 mil 954 millones de un año antes.
El avance en ingresos fue impulsado por el negocio financiero. Los ingresos financieros crecieron 9% anual, a 36 mil 162 millones de pesos, apoyados en mayor dinamismo de la cartera de crédito. En contraste, las ventas comerciales disminuyeron 8% en el periodo.
Los costos consolidados se redujeron 1%, a 27 mil 772 millones de pesos, debido a una baja de 13% en el costo comercial, parcialmente compensada por un aumento de 20% en el costo financiero por mayores reservas preventivas. La utilidad bruta creció 5%, a 31 mil 087 millones de pesos, y el margen bruto se amplió a 53 por ciento.
La cartera bruta consolidada, que incluye a Banco Azteca México y sus operaciones en América, creció 11% anual, a 216 mil 716 millones de pesos al cierre de diciembre de 2025, con un índice de morosidad de 6.6%. Los depósitos consolidados ascendieron a 249 mil 028 millones de pesos, 6% más que un año antes.
En el acumulado de 2025, los ingresos consolidados crecieron 7%, a 215 mil 356 millones de pesos. El flujo fue de 27 mil 805 millones, 3% superior a 2024. La pérdida neta anual se ubicó en 13 mil 24 millones de pesos.

Ciudad de México.- Durante 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a 78 servidores públicos por diversos delitos.
Mientras que en el Órgano Interno de Control (OIC) demandó a 184 por presuntas irregularidades o faltas administrativas.
Entre los delitos cometidos que ameritaron una demanda penal, destacó la remuneración ilícita que hace varios sexenios no aparecía, y que el año pasado se detectó en cinco empleados de la Administración General de Recursos y Servicios (AGRS) del SAT.
Se trata del área encargada de administrar los recursos humanos, materiales y financieros a fin de lograr su optimización, racionalidad y transparencia, contribuyendo a la misión institucional.
El artículo 217 del Código Penal Federal (CPF) establece que la remuneración ilícita es el delito que se comete por el uso indebido de atribuciones y facultades de los servidores públicos.
El SAT no dio más detalles, pero en la administración pública, cualquier retribución adicional no permitida debe ser sancionada.
Lo anterior, porque está prohibido que un funcionario reciba más dinero del que corresponde a su salario. Quien no cumpla esta disposición, incurre en el delito de remuneración ilícita.
No sólo aplica para regular los ingresos quincenales o mensuales, sino también por jubilación, pensión o liquidación indebida.
De igual forma si al tener conocimiento que por error percibe un pago mayor, y no lo reporta, está cayendo en ese ilícito.
Puede ser cuando se cobre doble en nómina y honorarios, cuando no se tienen las autorizaciones y los documentos que lo justifiquen. Prácticamente, todas las formas de hacerse de dinero adicional como por ejemplo en efectivo o en especie, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra.
La excepción son los apoyos y gastos, sujetos a comprobación, propios del desarrollo del trabajo y los viáticos de viaje en actividades oficiales.
Otras excepciones son los ingresos obtenidos lícitamente por otras actividades fuera del servicio público.
Se castiga con prisión y multas desde 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), hasta 3 mil veces su valor.
Además, la destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a 14 años.
Sin embargo, el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática sigue siendo el delito más común el cual está tipificado en el artículo 211 del CPF, ya que el SAT denunció a 33 servidores.
Por falsificación de documentos según el artículo 244 del CPF demandó a 12 funcionarios que trabajaban en las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal, de Comercio Exterior y de Recaudación de las oficinas localizadas en el área metropolitana del Centro y Noroeste.
Con base a lo que establece el artículo 214 de dicho Código por el ejercicio ilícito de servicio público puso demandas penales en la FGR en contra de nueve funcionarios.
A siete les puso una querella penal por uso ilícito de atribuciones y facultades, mientras que a cuatro por equiparable al contrabando y a seis por cohecho y por actuar en contra de la administración de justicia.

Agencias