Es la tercera carta enviada por Guzmán Loera al juez desde el 10 de abril
Ciudad de México.-
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ex jefe del Cartel de Sinaloa, envió una nueva carta al juez federal de Brooklyn que lo condenó a cadena perpetua, en la que pide ser repatriado a México.

“Hola, a la Corte de Distrito de Brooklyn, mi nombre es Joaquín Guzmán que están (sic) peleando por una extradición de regreso a México”, empieza el documento, redactado a mano por El Chapo en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, en la que purga la pena que el juez Brian Cogan, de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, le impuso en julio de 2019.

Es la tercera carta enviada por Guzmán Loera al juez desde el 10 de abril.
La nueva misiva fue escrita el 23 de abril y llegó a la Corte el jueves pasado.
Al igual que las cartas previas, el texto evidencia el inglés deficiente de Guzmán Loera, de 69 años de edad.

“Las partes de ambos países pueden emerger (sic) la política juntas para regresar a mi país”, dice otro párrafo. Guzmán también alude a la apelación contra su condena, e insiste en que tiene derecho a un nuevo juicio.
“Esta es una carta educada por la violación de las cortes sobre la evidencia dura que no fue probada para mi caso desechar (sic)”, agrega.
En su carta previa, “El Chapo” pareció quejarse de las condiciones en las que purga su pena en Florence, donde los reos pasan 23 horas al día confinados en una celda de concreto de 25 metros cuadrados, pues hizo referencia a la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles, excesivos e inusuales.
En los últimos años, Guzmán Loera y miembros de su familia en Sinaloa han enviado cartas al juez Cogan, que no ameritan respuestas de la Corte.
No hay posibilidad de que la condena de Guzmán sea modificada ni es probable que el Gobierno de México esté interesado en negociar con Estados Unidos para que termine de purgar su pena en una cárcel nacional, dado su historial de fugas exitosas.

Agencias

El Gobierno de México pretende que el Departamento de Justicia de EU envíe documentos similares a las órdenes de aprehensión que se libran en nuestro País

Ciudad de México.- Aunque el Gobierno de México pretende que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envíe documentos similares a las órdenes de aprehensión que se libran en nuestro País sobre el caso del Gobernador Rubén Rocha Moya, el sistema penal estadounidense sólo requiere la entrega de datos escuetos para continuar con el proceso de extradición.

La Presidenta Claudia Sheinbaum descalificó ayer el documento presentado por el gran jurado federal de Nueva York que aprobó los cargos contra del Gobernador y nueve coacusados. Sin embargo, este archivo denominado indictment, es la forma en que se presentan la gran mayoría de las acusaciones penales en el sistema judicial estadounidense, salvo casos urgentes que inician con la declaración de un policía o agente.

La razón es que, en el sistema penal estadounidense, las pruebas se van desahogando ante la Corte, una vez iniciado el proceso, que tiene su culminación en el juicio oral con jurado, donde la Fiscalía tiene que exhibir toda la evidencia.
Respecto al Tratado de Extradición, sólo se requiere que Estados Unidos entregue datos escuetos sobre el delito, el acusado y la promesa de formalizar la petición de extradición 60 días después del arresto. No hacen falta pruebas, pues estas se deben anexar a la solicitud formal.
Dichas pruebas sólo deben ser suficientes para “para justificar el enjuiciamiento”, no para probar que el acusado es culpable, pues eso corresponde a los tribunales del país requirente.

Pero la Presidenta Sheinbaum dio a entender que el asunto no se va a mover si no está probada la culpa del Gobernador, y se burló de fotografías de una supuesta narco nómina incluidas en el indictment.
“Esta es la prueba que ponen ellos en este documento de supuestos sobornos o presuntos sobornos. Es de llamar la atención, ¿no creen? Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba: ‘Juanito, 30 mil pesos’. Digo, al menos es de llamar la atención. Es una hoja de papel”, afirmó.
“Tiene que haber pruebas contundentes. No es nada más que un dicho de una persona. Tiene que haber documentos con base en nuestra legislación que demuestren la culpabilidad de una persona”, afirmó.
El indictment contra Rocha Moya, en su estructura y presentación, es casi idéntico a otros que México ha dado por buenos, entre ellos, el de 2020 en Brooklyn contra el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como el de 2023 en Chicago contra Los Chapitos, los cuatro hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Este último fue la base para la extradición de Ovidio Guzmán López, autorizada por México en octubre de 2023. El documento es una narrativa sobre las actividades del Cártel de Sinaloa entre 2008 y 2021, menciona varios decomisos de drogas y asesinatos, pero no anexa transcripciones de testimonios, ni documentos bancarios, inmobiliarios, aduanales o de ningún otro tipo.
Lo mismo con García Luna, detenido en Dallas en diciembre de 2019, y presentado cotidianamente por la 4T como ejemplo de corrupción en sexenios del PAN y del PRI.
El indictment es de solo doce cuartillas, y se limita a presentar a García Luna y sus subalternos, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, como protectores del Cártel de Sinaloa desde 2001, sin dar nombres de testigos ni aportar otras evidencias concretas.
Por ejemplo, Cárdenas Palomino está preso en México desde 2021, sujeto a varios procesos, pero Estados Unidos puede pedir su extradición, y el indictment de 2020 sería la base para hacerlo.

Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Eduardo Enrique Gómez García, otro de los excolaboradores del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, implicado en el desvío de recursos del sistema penitenciario federal en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, respectivamente.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, informó que el excomisionado del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS) fue capturado por agentes de la Policía Federal Ministerial en el estado de Puebla. Tenía una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, Gómez García suscribió de manera ilícita contratos de servicios para diversos penales federales que García Luna tenía a su cargo, en el periodo de diciembre de 2008 a agosto de 2013.
“Su aprehensión se logró con base en trabajos coordinados con el gabinete de seguridad del gobierno de México, como resultado de labores de inteligencia que permitieron su aseguramiento a efecto de ser presentado ante la autoridad judicial que lo requirió”, reportó Lara López en un video mensaje transmitido en redes sociales.
Eduardo Enrique Gómez García es el tercer exservidor público detenido por este caso, ya que el año pasado la Fiscalía General de la República capturó en Cuernavaca a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, también excolaborador de García Luna, quien se encuentra preso en el penal de El Altiplano, luego de que un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.
De acuerdo con las investigaciones, entre 2013 y 2015, Caballero Tardaguila posiblemente simuló contratos de adquisición de servicios para saquear recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, encargado de los centros penitenciarios federales, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas controladas por García Luna, preso en EU, según la investigación de la FGR.
Asimismo, la Fiscalía General de la República detuvo en 2025 a María Vanesa Pedraza Madrid, considerada asesora del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García.
Se le acusa de participar como apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, beneficiando, entre otros, a Genaro García Luna e integrantes de su familia. Pedraza Madrid fue vinculada a proceso y recluida en el penal federal femenil de Morelos, luego de que una jueza de Control le dictó prisión preventiva.

Agencias